El ministro hizo estas declaraciones en el marco de una conferencia de la que participaron Francisco Fuster, subsecretario de Justicia; Rodolfo Bardengo, Interventor en la Dirección Nacional de los Registros Automotor y los titulares de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, del Consejo Federal del Notariado Argentino y de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, entidades queparticiparan en los jurados de selección.
De la Rúa resolvió darle mayor transparencia al proceso de elección de los nuevos titulares de los Registros a través de la convocatoria a concursopúblico, así como profesionalizar las designaciones mediante una serie derequisitos que deberán certificar los futuros postulantes.
"Decidimos darle absoluta transparencia a laselección de los titulares. Hemos llamado a las máximasautoridades profesionales en este tema", afirmó el ministro, quien remarcó que “renunciamos a la discrecionalidad; moneda vil en laadjudicación de los registros automotor".
Las nuevas condiciones para las designaciones de Encargados Titulares deRegistros Seccionales de la Propiedad Automotor dispuestas, establecen que las selecciones se efectuarán previo concurso público que será convocado por laDirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotory de Créditos Prendarios.
En la elección de los nuevos titulares de los registrosautomotores se dará prioridad a los profesionales con antecedentes en loscargos a cubrir. Sin embargo, todos los candidatos deberán certificar, sinexcepción alguna:
- título habilitante de abogado, contador público o escribano y cinco añosde experiencia profesional;
- lugar de residencia a una distancia no mayor de 100 kilómetros de la sededel registro que corresponda;
- solvencia económica y financiera suficiente para constituir la garantíaprevista e indicar la forma en que la harán efectiva, adjuntando un informeacerca de antecedentes comerciales y financieros;
- ausencia de antecedentes penales;
- certificados de aptitud psicofísica otorgados por el establecimiento desalud pública.
Asimismo, se determinó que en ningún caso podrán ser postulantes losfuncionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o sus parientespor consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, prohibición que regiráno sólo durante sus funciones sino hasta transcurrido tres años desde elcese en el cargo.
Con respecto a la garantía financiera que deberán acreditar, a partir deahora, los encargados de registro, estará destinada a cubrir sus eventualesresponsabilidades por los daños y perjuicios que puedan provocar comoconsecuencia o resultado de su función.
Tanto los montos, como la forma, instrumentación y demás requisitos quehagan a las garantías, serán establecidas por la Subsecretaría deCoordinación del Ministerio.
En relación al concurso público, sólo podrán intervenir un máximo de veintepostulantes y, en caso de exceder esa cantidad, se procederá a un sorteo.
Quienes finalmente concursen, deberán contar con el juicio unánime delrespectivo Tribunal Evaluador, encargado de examinar a los aspirantes con elfin de acreditar su capacidad y conocimientos teóricos y prácticos para elejercicio de su función. Estos tribunalesestarán integrados por profesionales propuestos por la Federación Argentinade Colegios de Abogados, el Consejo Federal del Notariado Argentino y laFederación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.