Entre las conclusiones de la jornada, organizada por la Defensoría de Casación Penal provincial, los funcionarios del Ministerio Público pidieron que el “diseño de políticas de persecución penal debe quedar en manos de la Procuración General, sin perjuicio de las orientaciones que puedan hacerse a nivel departamental atendiendo a la problemática particular”.
Asimismo solicitaron la “reasignación de los recursos humanos y materiales que actualmente están dedicados a la Transición, habida cuenta su inminente culminación” y la “necesidad de implementación de la totalidad de los órganos originariamente previstos, como así también inyección de recursos humanos a partir de un análisis estadístico y un monitoreo del funcionamiento real del sistema que precise las necesidades” En tanto, pidieron que se acentúe “ la descentralización de las decisiones administrativas y presupuestarias” y la generación de “espacios de reflexión y debate entre los actores del sistema de justicia penal, como forma de promover la capacitación constante e ir pulsando las necesidades que se presentan a diario”.
La “urgente implementación” de la Policía Judicial con dependencia orgánico funcional de la Procuración de la Corte fue otro de los reclamos expuestos en el documento.
En el marco de una posible “desformalización de la investigación” se señaló que “es acertado oralizar el procedimiento para la adopción de medidas tales como la prisión preventiva, sin perjuicio que se marca una imposibilidad práctica en la actualidad debido a la carencia de recursos.
“No obstante ello, podría funcionar con acuerdo de partes o en casos que no revistan mayores complicaciones” se explicó.
Asimismo se sostuvo la necesidad de “limitar los recursos en la etapa de la Investigación Penal Preparatoria, con la idea que todas las cuestiones puedan plantearse en un solo y único acto” y también reducir “los planteos de nulidad en la Investigación Penal Preparatoria, a partir de formulas de preclusión, excepto en el caso de las nulidades absolutas”.
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