04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Los fiscales bonaerenses también dicen lo suyo

Fiscales bonaerenses rechazaron modificaciones que impliquen un retroceso respecto de las reformas procesales introducidas por la ley 11.922, que establece la oralidad de los juicios y la responsabilidad del Ministerio Público en la investigación.

 
En un documento, al que tuvo acceso Diariojudicial.com, los fiscales convocados a participar en las Jornadas Provinciales “A Tres Años de la Reforma de la Justicia Penal en la Provincia de Buenos Aires” señalaron que “si algo ha quedado absolutamente claro es, sin lugar a dudas, nuestro rechazo a cualquier modificación que signifique un retroceso en el proceso de cambio que afronta la justicia penal bonaerense”“Desde ese punto de vista, se alienta la profundización de la reforma introducida por ley 11.922 y se rechazan las políticas zigzagueantes que toman a la Provincia de Buenos Aires como ámbito experimental” en indirecta alusión al gobierno bonaerense.

Entre las conclusiones de la jornada, organizada por la Defensoría de Casación Penal provincial, los funcionarios del Ministerio Público pidieron que el “diseño de políticas de persecución penal debe quedar en manos de la Procuración General, sin perjuicio de las orientaciones que puedan hacerse a nivel departamental atendiendo a la problemática particular”.

Asimismo solicitaron la “reasignación de los recursos humanos y materiales que actualmente están dedicados a la Transición, habida cuenta su inminente culminación” y la “necesidad de implementación de la totalidad de los órganos originariamente previstos, como así también inyección de recursos humanos a partir de un análisis estadístico y un monitoreo del funcionamiento real del sistema que precise las necesidades” En tanto, pidieron que se acentúe “ la descentralización de las decisiones administrativas y presupuestarias” y la generación de “espacios de reflexión y debate entre los actores del sistema de justicia penal, como forma de promover la capacitación constante e ir pulsando las necesidades que se presentan a diario”.

La “urgente implementación” de la Policía Judicial con dependencia orgánico funcional de la Procuración de la Corte fue otro de los reclamos expuestos en el documento.

En el marco de una posible “desformalización de la investigación” se señaló que “es acertado oralizar el procedimiento para la adopción de medidas tales como la prisión preventiva, sin perjuicio que se marca una imposibilidad práctica en la actualidad debido a la carencia de recursos.

“No obstante ello, podría funcionar con acuerdo de partes o en casos que no revistan mayores complicaciones” se explicó.

Asimismo se sostuvo la necesidad de “limitar los recursos en la etapa de la Investigación Penal Preparatoria, con la idea que todas las cuestiones puedan plantearse en un solo y único acto” y también reducir “los planteos de nulidad en la Investigación Penal Preparatoria, a partir de formulas de preclusión, excepto en el caso de las nulidades absolutas”.

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dju / dju
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