Para el ministro de Justicia del país trasandino, José Antonio Gómez, la reforma significa “un cambio total en la Justicia”, que va a generar “rapidez, transparencia y participación directa de las víctimas en su relación con los fiscales”. Las regiones de Coquimbo y La Araucanía y Temuco ya implementaron el nuevo ordenamiento procesal en diciembre del pasado año.
Gómez ratificó que para el año 2004 el nuevo sistema penal estará vigente en todo el país –aunque el plazo calculado en primer término era 1993-, “no se necesitarán ministros en visita (jueces nombrados especialmente para casos específicos, un ejemplo fue el juez Juan Guzmán en la investigación de la Caravana de la muerte) y además habrá fiscales dedicados exclusivamente a investigar y a preocuparse por la situación en que están las víctimas”.
Agregó además que habrá un proceso de trabajo directo con las distintas policías y fuerzas de seguridad y que “ya no habrá orden de investigar amplia, sino que va a existir la necesidad de que el fiscal trabaje directamente con la policía y esté al tanto de lo que está sucediendo en la investigación”.
Tal como lo explicó Diariojudicial.com, la reforma incluye la creación de un Ministerio Público y de una Defensoría Penal Pública, la reorganización del Poder Judicial en Tribunales de Garantía y en Tribunales Orales, y la separación definitiva de los magistrados de toda tarea que haga al manejo de los recursos económicos de la Justicia.
El nuevo sistema tiende a la contradictoriedad y al debate oral por sobre lo escrito, y contempla las salidas alternativas y los arreglos reparatorios “por sobre la eternización de los procesos”. Por otra parte, el juicio oral está previsto como una última opción para aquellos casos que no se puedan resolver con anticipación atendida la gravedad de los hechos involucrados. Sólo el siete por ciento de las causas llegarán a juicio oral cuando el sistema esté definitivamente organizado, de acuerdo a un estudio elaborado en 1998 por la Fundación Paz Ciudadana.
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