El magistrado dictó los ocho procesamientos sin prisión preventiva al considerar que la conducta probada prima facie encuadraba con el tipo penal de malversación de caudales públicos, en la modalidad de peculado, y trabó embargo sobre cada uno de los imputados por la suma de 100 mil pesos.
Según el auto de procesamiento, los agentes del SPF habrían "intervenido en maniobras por medio de las cuales se desviaba el destino de los suministros alimenticios adjudicados a la población penal". Tal como lo explicó Bergés, "puntualmente se fraccionaban los recortes de las reses de carne vacuna que ingresaban al lugar, siendo que a los detenidos sólo llegaban determinados cortes considerados como desperdicio, osobuco y espinazo, entre otros".
Los procesados son Sergio Coria, Federico Machado, Hugo Soza, Carlos Vera, Luis Vega, Oscar Sosa, Germán Lovera y Carlos Luzuk, todos ellos con cargos de la máxima jerarquía en la unidad penitenciaria. De acuerdo a los testigos que aportaron datos en la instrucción, "por semanas se bajaban a la unidad medias reses, fideos, azúcar, yerba, dulces, manzanas... Pero todo esto los internos no lo ven nunca".
En su resolución, el juez Bergés especificó que cada vez que el "personal del juzgado concurrió al casino de oficiales y suboficiales, se detectó que se estaba consumiendo cortes de mayor calidad", mientras que a los detenidos se les ofrecía "cortes de menor valor".
Entre las irregularidades que el juez dio por probadas con la certeza para procesar, se encuentra una serie de beneficios a presos considerados VIP, entre ellos los ex policías imputados en la causa AMIA, el ex juez Carlos Branca y el ex funcionario Omar Fassi Lavalle. Por otra parte, los testigos declararon que el día que recibieron una inspección del Ministerio de Justicia -del que depende el SPF-, "pintaron los sectores por donde iban a pasar y sacaron la mercadería a la cocina central". Además, dijeron que dentro del penal funcionaba una panadería clandestina a cargo del jefe de Trabajo y del jefe administrativo, dos de los procesados. "Las facturas se venden en un almacén que hay en el penal y lo recaudado se repartía entre el director y los jefes", sostuvo el testigo.
Por otra parte, la zona VIP en la que dormía Ribelli, entre otros, pertenecía al hospital de la unidad, y por ello la dependencia no tenía hospital.