Dri se quejó de la "falta de garantías del procedimiento concursal en la selección de funcionarios del Ministerio Público", de una supuesta "laguna normativa en materia del reglamento de la justicia" y de "aplicación de sanciones como la exclusión de los concursantes". Pero su principal petición ante el Superior Tribunal fue que se le apercibió "por denunciar falencias". "El apercibimiento injustamente impuesto me impide defenderme adecuadamente", adujo la letrada que interpuso un "pedido de reconsideración y recurso de inconstitucionalidad" ante el Consejo.
Según explica en su escrito, al realizar el examen de oposición cometió errores que consideró "formales" que pidió subsanar antes de que las evaluaciones fueran corregidas.
El Consejo de la Magistratura rechazó el pedido y la sancionó "por violar el orden y el decoro y sembrar un manto de sospecha". "No se puede seguir adelante con los concursos mientras no se establezca un procedimiento interno transparente y se completen las lagunas normativas en los reglamentos", advirtió Dri.
La abogada argumentó en su presentación "arbitrariedad e inconstitucionalidad, violación de la regla de la razonabilidad y vacío legal por inaplicabilidad de la sanción" que le fue impuesta.