04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

El Consejo de la magistratura porteño aclara

Ofuscados por las críticas de la diputada Pierini, los consejeros explicaron las razones por las que decidieron realizar un concurso cerrado para designar personal jerárquico y remarcaron que toda la información del cuerpo está disponible.

 
El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires salió a contradecir en forma institucional a la diputada porteña Alicia Pierini, que había denunciado ciertas irregularidades por falta de información en distintas contrataciones de servicios y de personal, y aclaró que “todos los diputados y la prensa tienen a su disposición la información” de lo que se hace en el cuerpo que comenzó a funcionar a fines de 1998.

Los consejeros –que prefirieron mantener un bajo perfil- enviaron a Diariojudicial.com una copia de la respuesta que ellos mismos les llevaron a los diputados que integran la Comisión de Justicia de la Legislatura, cuando sus tres representantes en el Consejo fueron el pasado viernes a informar de acuerdo al pedido, que había sido votado por la mayoría del Plenario del cuerpo legislativo.

En ella, el Consejo justificó la decisión de llamar a un concurso interno para regularizar la situación laboral de nueve de sus funcionarios de mayor jerarquía, una de las mayores objeciones que había hecho Pierini. “Los integrantes del Cuerpo y el personal jerárquico que lo ha acompañado en la tarea, debieron aprender al tiempo de ejecutar; debieron capitalizar experiencias y, de consuno, cumplir con las finalidades y objetivos que le imponía la Constitución de la Ciudad... Debieron, para sintetizarlo con una metáfora descriptiva, construir el barco mientras se navegaba. Ello demandó esfuerzo, seriedad, responsabilidad y contracción al trabajo”, sostienen en su respuesta, que completaron al explicar que “teniendo en cuenta tales cualidades y el carácter fundacional y primigenio de la etapa que se ha cumplido, el Consejo consideró necesario proveer a la estabilidad de su personal jerárquico”.

Los tres consejeros que representan a la Legislatura, Juan Octavio Gauna, Gloria Bonato y Norberto Lorenzo sostuvieron también en nombre de sus pares que el Consejo “pudo haber empleado para ello el criterio de designación directa que puso en práctica el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, para nombrar a los Secretarios y Prosecretarios Letrados de ese Alto Cuerpo”, pero que, en cambio, “prefirió usar el mecanismo concursal aunque con la modalidad de concurso cerrado, para convocar a un universo de postulantes ya preparados para el cumplimiento de las respectivas funciones, criterio que si bien limita el universo subjetivo de posibles candidatos, encuentra muy sólidas y prístinas razones que lo justifican”.

Entre las explicaciones que se dieron figuran el “injustificado dispendio de energías y de dinero” que hubiera implicado prescindir de funcionarios ya entrenados y formados en su tarea, el entorpecimiento de las tareas del organismo que depende del Poder Judicial, y el trámite “prolongado y engorroso” que hubiese implicado un concurso abierto, lo que “desviaría los esfuerzos” del Consejo, direccionados hacia “el objetivo prioritario de tener constituida en plenitud la Justicia de la Ciudad”.

Por otra parte, en el Consejo consideraron que “no parece inoportuno producir las designaciones del personal jerárquico, faltando un año y medio para la finalización de los mandatos”. De acuerdo al documento elaborado, “el tiempo transcurrido ha permitido apreciar los respectivos desempeños y el plazo que el Cuerpo tiene por delante, es suficientemente prolongado como para que durante su transcurso se procuren completar todas y cada una de las tareas asignadas. Entre ellas, la definición y consolidación de la estructura de su planta funcional”.

Otra de las duras críticas de algunos legisladores y de Pierini en particular, en declaraciones a este medio, fueron dirigidas a la objeción de que se disponga de un concurso interno para designar a quien se haga cargo de la Dirección de Ejecución Presupuestaria del Poder Judicial, hasta ahora a cargo de Norberto Urfeig. La diputada hizo hincapié en la carencia de títulos académicos del funcionario. El Consejo contestó que “se ha desempeñado de manera satisfactoria” y que el cargo de “director” no exige credenciales de ese tipo.

Además señalaron que tanto Pierini como Marta Oyhanarte y Enrique Rodríguez –otros dos diputados críticos hacia el Consejo- no objetaron la designación de los funcionarios cuando ingresaron al cuerpo en 1998. “El Consejo recortó y distribuyó las facultades y competencias de la función asignada y estimó que si no fue necesaria la posesión de título académico con anterioridad, no parecía razonable exigirlo en la nueva situación”, sostuvo el Consejo en la nota a la que tuvo acceso este medio.

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dju / dju
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