Tal como lo había adelantado Diariojudicial.com el jueves pasado, los fiscales mostraron su “inquietud” y expresaron el “más alto repudio” ante la actitud de Gallo, para quien Molina Pico solicitó al juez Nelson Jarazo una citación a indagatoria, por estar acusado de presuntos ilícitos penales (estafa) junto al presidente Fernando de la Rúa (por su conducta al frente de la Jefatura del Gobierno porteño) y del actual Procurador del Tesoro, Ernesto Marcer.
Gallo había enviado un oficio a Becerra pidiendo al jefe de los fiscales que realice a Molina Pico un sumario administrativo y que eventualmente inicie el procedimiento de destitución de los funcionarios del Ministerio Público por haber pedido la indagatoria de funcionarios con fueros.
La nota también fue firmada por 18 fiscales federales.En ese escrito dejaron sentado que los términos de la presentación de Gallo “representan la intromisión del poder Ejecutivo Nacional en la actividad del Ministerio Público, en franca violación a los principios constitucionales de autonomía funcional y división de poderes”, en base a los artículos 1 (sistema republicano) y 120 (incorporación del Ministerio Público como extra poder).
Según los fiscales, en el caso se ven “con nitidez... perturbaciones que afectan el ejercicio de sus funciones, provenientes de los poderes públicos”. Por eso, y con base en el artículo 14 de la ley Orgánica del Ministerio Público (24.946), pidieron a Becerra que ordene “aquellas medidas que fueran necesarias para preservar el normal desempeño de tales funciones”.
Por otra parte, quienes están a cargo de la persecución penal enfatizaron que “los aciertos o errores en un proceso deben ser corregidos en ese marco, a través de los recursos e instancias que las partes tienen a disposición, y no por medio de la vía administrativa del sumario o como se le llame que no sólo persigue aniquilar la autonomía funcional y condiciona la libertad de interpretación de la ley a terceras personas, sino que ahonda la remanida inseguridad jurídica –inaugurando una vía no prevista de revisión de los procesos en trámite- y pretende coaccionar a los magistrados intervinientes”.
Los magistrados además confiaron en que Becerra daría curso a su pedido luego de reconocer la “firmeza” del Procurador en casos anteriores similares en los que exigió “el mantenimiento de la discrecionalidad” de los fiscales.
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