Los dos primeros fueron recusados por la abogada María Luz Corte, quien representa a ocho empleados del Estado. La letrada ya había interpuesto una acción de inconstitucionalidad del decreto y recusó a todos los miembros del máximo tribunal porque “la renuncia voluntaria del 10 por ciento de su sueldo indica una posición en el sentido de la legitimidad del aporte”.
Cuando se conoció la presentación de la Corte, allegados al Máximo Tribunal explicaron que es suficiente motivo de recusación el solo hecho de que todos sus integrantes –Herman Salvini, Jorge Nanclares, Aída Kemelmajer de Carlucci, Carlos Bohm, Carlos Moyano y Fernando Romano, además del procurador Rodolfo González– firmaran una acordada refiriéndose al decreto 1.765, que puso un tope de 2.012 pesos al sueldo de los funcionarios y magistrados.
Ahora, de no inhibirse, los conjueces elegidos por sorteo para entender en este espinoso caso son Jorge Luis Hynes, Enrique Defilippo, Luis Sarmiento García, Carlos Alberto Livellara, Mario Eduardo Ronchietto, Carlos Ángel Chacón, Osvaldo Ángel Felipe Pritz, Pedro José Lella, Augusto Juan Menéndez, Carlos Alberto Cuervo, Guillermo Urritigoity, Efraín Quevedo Mendoza y Franklin Cuervo.
El Colegio Publico riojano intima
Por su parte, el Colegio de Abogados de la provincia de La Rioja intimó al Gobierno local para que en un plazo de 48 horas cancele su deuda salarial con los trabajadores judiciales, situación que mantiene paralizado el servicio de justicia.
La entidad que nuclea a los letrados riojanos advirtió que de no cumplimentarse el reclamo denunciará el hecho a nivel nacional "ante el riesgo de intervención federal a la Provincia por darse la causal prevista en el artículo 5º de la Constitución nacional, al no asegurarse la administración de justicia en la jurisdicción provincial".
La intimación fue girada por carta documento con la firma del presidente del Colegio, Segundo Jorge Pelliza, del vicepresidente, Alfredo Evelaio Maldonado y del abogado Rafael Ceballos.