El recurso interpuesto por los estudiantes de las materias “Fundamentos Filosóficos de los derechos humanos” y El arte de la defensa de los derechos humanos” estuvo patrocinado por sus profesores Eduardo Barcesat, María Jaumé y Alejandro Geoffroy Lassalle, y quedó radicado ante el juzgado en lo contencioso administrativo federal a cargo de Susana Córdoba.
Según explicaron los propios alumnos en la sala de periodistas del Palacio de Tribunales la presentación se apoya sobre el argumento de que el costo que deben afrontar los universitarios oscila entre los 120 y los 300 pesos mensuales, en materia de viáticos y materiales bibliográficos, sin que se aplique el arancelamiento.
Además, los estudiantes impugnaron “por manifiestamente ilegal y arbitraria” a la ley de “Déficit Cero” y atacaron "la postura del gobierno nacional de priorizar el pago de servicios e intereses de la deuda externa, sin contralor alguno respecto de su legalidad, en tanto que derechos humanos esenciales como la educación quedan postergados y reducidos a los remanentes de los pagos a los acreedores financieros". Los estudiantes recordaron en un escrito de cuatro carillas que "la obligación del Gobierno Nacional es proveer la enseñanza universitaria gratuita".
Por otra parte, junto al escrito, los alumnos acompañaron, (como “anexos”), los trabajos que hicieron en clase, en los que abundan en la argumentación que sostiene el recurso interpuesto ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal.