El titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos salió a aclarar públicamente cerca del mediodía que “si bien se trata de un proyecto que se había elaborado por expreso pedido de sectores judiciales y académicos y tenderá a resolver problemas interpretativos, el Presidente de la Nación me solicitó que lo retirara del tratamiento parlamentario, pues considera que el debate que ha generado, aunque sobre la base de una incorrecta interpretación, no resulta oportuno en los momentos que viven el país y la sociedad”.
El proyecto de ley, enviado el 24 de agosto al Congreso –pero conocido recién anteayer públicamente- planteaba la ampliación del instituto penal material, que no implica la imposición de una pena sino una medida de seguridad, a posibles delitos cuyas tipificaciones previeran máximos de hasta seis años, mientras que actualmente el techo es de tres.
Con esta iniciativa respecto de la suspensión del juicio a prueba también quedará en algún cajón ministerial la propuesta de multiplicar los tribunales orales colegiados transformándolos en unipersonales siempre que el imputado no se opusiera. Esta última iniciativa generó en el ámbito académico penal mucha más resistencia que la ampliación de la denominada “probation” por vulnerar algunos principios esenciales del proceso penal (el tribunal colegiado reemplaza la posibilidad de apelación que queda prácticamente vedada en un proceso de instancia única que sólo admite un recurso de Casación restringido).
Consultado por Diariojudicial.com una vez conocida la marcha atrás del presidente, uno de los más altos funcionarios de la cartera de Justicia se mostró descorazonado: “vivimos en una Argentina muy mediocre donde no se pueden imponer los razonamientos”. La misma fuente se quejó de que los jueces, que habían propuesto inicialmente la reforma, “no salieron a dar la cara” respaldando el proyecto y dejaron sólo al Gobierno “ante una discusión tendenciosa y falsa por defender un proyecto que ni siquiera es del Ejecutivo, que tiene que pagar el costo político”. Cabe recordar que algunos magistrados, integrantes de tribunales orales, presentaron su proyecto directamente ante el Ministerio de Justicia, sin canalizarlo por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Voceros de esta entidad manifestaron su pesar por el retiro de la iniciativa y lamentaron no haber tenido intervención institucional en el proyecto. "Es injusto que se diga que los jueces no dan la cara.La Asociación no fue parte del proyecto y por eso no se le puede imputar a todos sus miembros la actitud tomada por algunos magistrados que actuaron en forma individual", dijo la fuente.
La iniciativa había sido fruto de una negociación en la que varias figuras lograron llegar a un importante consenso, entre ellos, el Procurador General, Nicolás Becerra; la defensora oficial ante la Corte Suprema, Stella Maris Martínez; e inclusive representantes de la Cámara de Casación Penal como Pedro David y su presidente Guillermo Tragant, además del apoyo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Muchos medios de comunicación masiva dieron información inexacta durante la jornada. Uno de los diarios de mayor circulación del país inclusive confundió a la suspensión del juicio a prueba con una pena, mientras que su naturaleza jurídica es la de una medida de seguridad.
Según advirtieron las fuentes consultadas en el Ministerio de Justicia, el presidente decidió retirar el proyecto “ante la certeza de que el bloque de diputados del Partido Justicialista decidió rechazarlo in totum”, y anunció que “seguirán las prescripciones de las causas y los juzgados continuarán atascados”.
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