La Sala Segunda del tribunal confirmó así un fallo de la jueza federal María Servini de Cubría pero decretó la nulidad de los embargos por 5.5 millones de pesos trabados por la magistrada a cada uno de los funcionarios procesados, por lo que ordenó fijarlos nuevamente.
Según lo confirmado por la Cámara la entidad crediticia oficial otorgó ese préstamo cuando los informes de la Gerencia de Estudios y Dictámenes Jurídicos del Banco habían aconsejado no hacerlo ya que se habían detectado síntomas de insolvencia y de una inminente caída.
Asimismo, la Cámara sostuvo que el BCRA otorgó ese préstamo en los primeros días de febrero de 1995 –cuando arreciaban en el mercado local las consecuencias del llamado “Efecto Tequila” mexicano—“sin la correspondiente garantía”, debido a que las autoridades del Basel habían ofrecido para ello el boleto de compraventa del edificio ubicado en Hornos 690, donde funcionó el diario la Razón, del que todavía restaban pagarse más de cinco millones de pesos, fondos que el banco no tenía.
Además de Fernández y Pou, el tribunal confirmó el procesamiento, por el mismo delito de los ex funcionarios del central Hector Biondo, Isaac Pendás y Guillermo Lesniwier.Los camaristas recordaron que el 24 de enero de ese año se había realizado una inspección en el Basel y se había decidido su suspensión, por lo que “los imputados contaban con suficiente información para extremar los recaudos al momento de otorgar asistencia financiera” al banco.En tal sentido, sostuvieron que esa asistencia fue concedida cuando “la información recibida tornaba desaconsejable el otorgamiento de más fondos”.
“No hay discusión alguna con respecto a que el adelanto analizado ha sido otorgado a una entidad insolvente”, sentenciaron a la vez que advirtieron que la norma que entra en juego en el caso en estudio no es “no otorgarás asistencia financiera a una entidad insolvente en el fin de ocasionar un lucro a un tercero” sino “no otorgarás fondos estatales de Asistencia sin ninguna garantía idónea con el fin mencionado”.
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