La reforma plantea una modificación del artículo 76 bis del Código Penal ampliando a seis años el máximo del delito imputado para que el instituto pueda ser utilizado y así agilizar el sistema judicial en materia penal. Actualmente el límite está puesto en tres años, y de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Justicia el porcentaje de reincidentes no alcanza el uno por ciento.
El presidente de la Cámara de Casación, Guillermo Tragant, afirmó hoy a Diariojudicial.com que “la mayoría de los jueces de la Cámara de Casación están a favor de la reforma”. El magistrado aclaró que a pesar de que el voto de mayoría en el Plenario de la Cámara conocido como “Kosuta” se inclinó por la tesis restringida en la interpretación del instituto penal, sí están a favor del cambio legislativo, “al igual que muchos jueces de los tribunales orales”.
Tragant fue uno de los jueces que votaron en disidencia por la tesis amplia en Kosuta, con una visión cercana a esta potencial reforma legal. Inclusive participó en una reunión en el Ministerio en la que decenas de jueces y otros operadores penales –como el Procurador General, Nicolás Becerra; el juez de la Casación Pedro David; la defensora ante la Corte, Stella Maris Martínez; entre decenas de jueces de tribunales orales- llegaron a un consenso para impulsar la reforma, una vieja obsesión de Jorge de la Rúa, sobre la que ha escrito hace tiempo.
Sin embargo, sólo 24 horas después de que la iniciativa fue conocida, el Gobierno no soportó la presión de una bien montada operación de prensa y el presidente le ordenó a su hermano retirar el proyecto del Congreso, dejando en la sociedad la idea de que el cambio beneficiaría a supuestos violadores y otros imputados por delitos graves.
En aquel entonces, voceros del Ministerio aseguraron a este medio que se habían sentido decepcionados por los jueces, que habían impulsado la reforma y que después no dieron la cara cuando arreciaron las críticas. El mensaje expreso fue que el Gobierno no daría la cara por un proyecto que, según las fuentes, no era propio, aunque es conocida la simpatía del ministro hacia él.
A partir de esas críticas, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional envió ayer una nota a Jorge de la Rúa –que hoy fue distribuida a la prensa- en la que le hicieron saber el apoyo de la Comisión de Tribunales Orales de la institución para aquellas penas que consideradas en abstracto no superen los seis años. Los magistrados aclararon que se trata de “una vía alternativa para la resolución de conflictos respecto de personas imputadas de delitos no violentos y sin antecedentes”.
Tres fuentes consultadas aseguraron hoy que el proyecto no fue retirado del Congreso, por lo que los legisladores nacionales no tendrán otra alternativa que tratarlo, al menos en el ámbito de la Comisión de Legislación Penal. Por eso, también continúa en pie la propuesta de multiplicar los tribunales orales al transformarlos en unipersonales siempre que la poca trascendencia lo permita y las el imputado no se oponga; una iniciativa que sí tuvo algo de resistencia en el ámbito de la Justicia Penal.
Temas relacionados:
El Gobierno intenta una reforma en el enjuiciamiento penal 1/11/2001
Marcha atrás 2/11/2001