B) PARAGUAS. Protector es el que abrió el fallo de la Corte al definir cómo se debe aplicar la asociación ilícita en causas penales que afecten a ex o funcionarios en actividad. El caso no solo se aplicó para Carlos Menem y sus ex ministros sino que también por extensión de la jurisprudencia valdrá para el actual presidente y sus colaboradores. Aliviado, lo explicaba en buen restaurant de Puerto Madero un importante abogado con llegada permanente a Olivos. El profesional sostenía que de esta manera perderán interés mediático las causas de los ñoquis que investiga el correcto juez Alberto Baños –está inscripto para un concurso de juez federal- y la de la concesión de la autopista Arturo Humberto Illía que une el centro de la Ciudad de Buenos Aires con el Aeroparque, entre otras. Es que, ahora, con el fallo de Augusto Belluscio –calificado de ejemplar por cuanto penalista de prestigio se hable- los jueces de primera instancia, mucho más que los fiscales que tienen menos que perder, se cuidarán mucho de aplicar tan controvertida figura. Un ejemplo de ello, es el sobreseimiento de María Julia Alsogaray al día siguiente de la excarcelación de Menem cuando muchos esperaban un procesamiento con prisión preventiva por parte del juez Rodolfo Canicoba Corral.
C) SIN JUECES. Se encuentra el tribunal que debe enjuiciar a militares en la causa que se conoce como “CARRASCO II”. Es que desde setiembre solo lo integra la camarista Haydé Vazquez de Argüelles porque para esa fecha se acogió a la jubilación María del Carmen de la Barrera de Ingelmo y su par Eugenio Krom - será reemplazado por un juez de la zona, Oscar Albrieu- se excusó de intervenir en el juicio que debe fijar las responsabilidades penales de los jefes y oficiales de la Brigada de Infantería VI de Montaña que actuaron durante la investigación de la muerte del soldado Omar Carrasco. Este caso sirvió para establecer el servicio militar voluntario y desterrar el obligatorio, rechazado –sobre todo después del desacierto de Malvinas- por la sociedad argentina. No es un problema menor para el Consejo de la Magistratura porque el juicio tendrá fuertes repercusiones en la interna del Ejército a partir de algunas declaraciones de altos jefes, como el ex comandante de la VI Brigada, Carlos “Chiquito” Díaz- contra su ex superior, Martín Balza, todavía peleando su prisión por presunto contrabandista en la venta de armas a Ecuador y a Croacia. Por la muerte de Carrasco están presos y con condena fija el ex subteniente Esteban Canevaro y dos soldados que realizaban la conscripción en la Compañía de Montaña de Zapala, un hecho que los sectores internos enfrentados a Balza adheridos a la línea ultranacionalista de Mohamed Alí Seineldín no le perdonan. Desde Díaz para abajo, siguiendo toda la cadena de mandos de esa estratégica brigada con jurisdicción en las provincias de Neuquén y Río Negro hasta el límite con Chile, acusarán a su ex comandante de supuesto encubrimiento. Como se ve un nuevo caso político aparece en el horizonte judicial, por lo que el Consejo -vapuleado ya por las demoras en el nombramiento de jueces pese a que es el Poder Ejecutivo que no manda los pliegos al Senado donde además las pocas propuestas duermen el sueño de los justos- deberá extremarse para no aparecer encubriendo una situación política explosiva.
D) LA JUSTICIA NEUQUINA. Aparece como el centro de otro caso altamente politizado que le traerá dolores de cabeza al enigmático ministro de Justicia Jorge de la Rúa. No sólo está pendiente este juicio a los militares por el presunto encubrimiento de la muerte del soldado Carrasco sino que una decisión de la Cámara Federal de Bahía Blanca, amenaza con convertir a esta ciudad en un centro del enjuiciamiento a la represión de los años 70. En el juicio por la búsqueda de la verdad se delegó a los tribunales federales de la ciudad más importante de la Patagonia la realización de unos 20 testigos por los delitos de represión, secuestro y desaparición que se tramitan en los juzgados federales del sur, una zona de jurisdicción del juez de la Corte Guillermo López y de la Cámara Federal de General Roca, cuyos integrantes Arturo Perez Petit y Carlos Miller están lejos de comulgar con sus colegas bahienses. El caso es que en Neuquén donde tuvo responsabilidad el Ejército a diferencia de Bahía Blanca controlada por la Marina, registra un fuerte activismo de organizaciones de Derechos Humanos y organizaciones políticas de izquierda que tienen su epicentro en el apoyo indisimulado del Obispado y de la Universidad Nacional del Comahue. Este marco contestario le dará un fuerte contenido político a estas audiencias que están siendo impulsadas por el fiscal Hugo Cañón, quien por estas horas se encuentra en Chile para gestionar la presencia del juez español Baltazar Garzón a la región cuando llegue a la Argentina a recibir un titulo de doctor “Honoris Causa” por parte de la Universidad Nacional de La Plata, donde el camarista Schifrin enrolado en esta corriente del pensamiento ideológico se ha convertido en el verdadero promotor de la presencia de Baltazar Garzón en la Argentina pese al escozor que ello provocó en los ministerios de Relaciones Exteriores y en el de Defensa por las reacciones del sector castrense, a muchos de cuyos miembros Garzón quiere encarcelar en España o donde sea.
E) TESTAFERRO. Es una palabra que el diccionario explica como al que representa a otro en el manejo de un negocio o en la tenencia de alguna propiedad. En la Argentina y en la mayoría de los países de habla hispana se lo menciona como una manera cuasi injuriante y a veces su empleo ha terminado en los tribunales aunque generalmente termina conciliándose por la vaguedad del significado del vocablo. De todos modos, su expresión tendrá consecuencias en el juicio que se acaba de entablar en los tribunales provinciales de San Isidro por parte del escribano Wenceslao Bunge contra la familia del desaparecido Alfredo Yabrán. Quien fuera mano derecha y vocero del ex empresario de correos –testaferro para sus críticos- acaba de reclamar una suma millonaria a los deudos de Yabrán por una participación no reconocida en las empresas de ese grupo que luego pasaron al Exxel de Juan Navarro. Precisamente, una de las palabras utilizadas por Bunge en su denuncia es la de “testaferro” al sostener que Yabrán era dueño de todas esas empresas que manejaba por medio de estas personas. Bunge contrató los servicios de un abogado muy conocido del foro sanisidrense con mucha llegada en los tribunales de esa ciudad.