Pretty, de 42 años, quien sufre una severa enfermedad neurológica que produce un progresivo deterioro en las neuronas que le impide moverse y comunicarse, dijo a través de sus letrados que la negación al suicidio asistido transgrede sus derechos humanos, ya que la somete a un trato degradante y no respeta su vida privada.
La mujer apeló a la Cámara de los Lores después de que el Tribunal Superior no atendiera su caso, argumentando que la ley le daba mayor prioridad al derecho de la vida que al derecho de alguien a hacer lo que deseara con su cuerpo.
Con la legislación actual, el marido de la afectada, Brian, enfrentaría una condena de hasta 14 años de prisión si la ayudara a suicidarse.
El caso está ahora ante un panel de cinco jueces de la Cámara de los Lores, que dará su veredicto el jueves.
En abril de este año, Holanda se convirtió en el primer país en legalizar la eutanasia. A principios de noviembre, Bélgica tomó una decisión similar al legalizar la muerte asistida, cuando la Cámara Superior de su parlamento votó por un proyecto de ley que establecía las condiciones bajo las cuales los médicos podrían ayudar a sus pacientes a morir.
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