22 de Noviembre de 2024
Edición 7097 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/11/2024

Indagaron a una ex diputada por las jubilaciones ?truchas?

La ex legisladora Marta Rivadera reconoció haber trabajado sólo un año en el Banco de La Rioja y sostuvo ante la Justicia que la documentación por la cual había obtenido la jubilación era falsa.

 
La ex diputada justicialista Marta Rivadera rompió en llanto ante el juez federal que la indagó por haber sido beneficiada por una jubilación presuntamente irregular de 2500 pesos, y aseguró que era víctima de una “persecución política” por su “vinculación con el menemismo”, según confiaron fuentes ligadas a la causa.

Rivadera admitió ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral haber trabajado un año en la entidad crediticia provincial a partir de 1988 como “oficial administrativo”, por lo que desconoció el contrato que figuraba en el expediente mediante el cual se dejaba constancia que “había trabajado ocho años en el banco”.

En ese punto, según explicó su abogado defensor, Rivadera reconoció la firma como propia, pero sostuvo que el resto de la documentación era falsa, por lo que no se explicó los motivos por los cuales se le había otorgado ese haber jubilatorio, aunque señaló que “la calificación fue hecha por la ANSES” y no por pedido de su cliente.

Precisamente fue ese organismo el que denunció la existencia de unas setecientas jubilaciones otorgadas en La Rioja entre 1996 y 1997 presuntamente irregulares, de las cuales han sido imputadas 148 personas, la mayoría de las cuales ya declaró ante el fiscal federal Guillermo Marijuán en quien delegó el magistrado el impulso de la investigación.

En el marco de una nueva ronda de indagatorias, mañana deberá prestar indagatoria el ex profesor de tenis de Zulemita Yoma, Edgardo Romero Chacón.

Las nuevas indagatorias incluyen a 12 imputados que no se habían presentado a declarar y fueron nuevamente convocados bajo apercibimiento de ser traídos por la fuerza pública.

La mayoría de los imputados viven en La Rioja por lo que deben trasladarse desde aquella provincia cuando sin requeridos.

Tras esta ronda serían llamados a indagatoria los funcionarios a los que se les atribuye mayor cuota de responsabilidad en las maniobras que habrían representado un fraude al estado que rondaría los 60 millones de pesos, según estiman los investigadores.

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dju / dju
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