Ocurre que las prisiones mendocinas están abarrotadas de internos y el gobierno provincial dice que, en esta situación, no puede asegurar las “condiciones mínimas de dignidad” para los internos que establecen las leyes. “Queremos que los saquen”, dijo sin vueltas el ministro de Justicia y Seguridad, Leopoldo Orquín, con referencia a los 268 presos federales que figuran en la nómina de la prisión de Boulogne Sur Mer y a los cerca de 30 que contiene la Cárcel de Encausados de San Rafael.
Es que la provincia no quiere que el Estado nacional pague por el alojamiento de estos internos, sino que directamente se los mude a otras prisiones del país para aliviar las cárceles mendocinas. Hace décadas que la Nación no le paga a Mendoza, ni a ninguna provincia, por el alojamiento de los presos federales, deuda que alcanzó los 10 millones de pesos en 1999. Si bien el año pasado se firmó un convenio con el ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra que establecía el pago mensual de una cuota por el alojamiento de estos internos, Mendoza sólo recibió los pagos correspondientes a enero y febrero de 2000.
El año pasado, la ex jefa de Política Penitenciaria, Patricia Bullrich, ahora fuera del gobierno tras su paso por varios ministerios, anunció la construcción de un penal federal regional en Mendoza, pero las sucesivas crisis financieras hicieron que el proyecto quedara en la nada.