“Hemos recibido un pedido de extradición del fiscal general y lo remitiremos a Argentina tan pronto sea traducido”, dijo la portavoz Cecilia Bergman a la agencia internacional de noticias AP. La semana pasada, un tribunal de distrito falló sosteniendo que Astiz debía ser detenido por este hecho.
El jefe de la fiscalía, Tomas Lindstrand, inició la investigación en abril una vez que Ragnar Hagelin, el padre de la joven, presentó una denuncia acusando a Astiz de secuestro, tortura y asesinato. Francia e Italia también pidieron la extradición de Astiz en relación con la desaparición de ciudadanos de sus respectivos países durante la dictadura militar de 1976-83.
Argentina ha rechazado repetidamente este tipo de solicitudes aduciendo que los ciudadanos deben ser juzgados en su propio país, en virtud del denominado principio de territorialidad.
Astiz no ha admitido haber matado a nadie pero dijo que fue entrenado para cometer asesinatos políticos. En Argentina no puede ser juzgado por violaciones de derechos humanos debido al beneficio que le han brindado las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que ya han sido declaradas inconstitucionales en sendos casos concretos, aunque para que tengan un efecto general se espera una decisión de la Corte Suprema, que según pudo saber Diariojudicial.com ya está analizando el caso, al igual que la Procuración General de la Nación.
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