Juan Carlos Fernández Madrid, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación, admitió hoy en diálogo con Diariojudicial.com que la ley votada “es una perturbación” y aseguró que el gremio que encabeza agotará “todas las vías que haya” a su alcance para impulsar su veto o modificacion.
“El Consejo no puede meterse. Esta cláusula es muy objetable, porque el control hecho fuera de los órganos jurisdiccionales da idea de una presión, cuando es la Cámara la que en todo caso debería presentar ante el Consejo una situación de mal desempeño” de un juez, sostuvo el camarista laboral.
La oposición al control de la actividad de los jueces penales por el Consejo se había evidenciado apenas salió la reforma votada de Diputados hacia la Cámara Alta en marzo. La queja fue comprendida por los senadores, que aprobaron la derogación del artículo 7 (que establecía el doble cómputo de la prisión preventiva), pero no la cláusula de contralor que había pedido Acción por la República, el partido del ministro de Economía, Domingo Cavallo.
Ayer por la noche Diputados votó sin debate y sobre tablas la ley de reforma tal cual la había enviado al Senado el 14 de marzo, es decir, con la cláusula que ordena al Consejo crear un Registro de Detenidos con Prisión Preventiva, para poder así sancionar a los jueces que mantengan a un detenido sin condena en esa condición por más de dos años, prorrogables a uno más.
De esta manera, si la causa resulta compleja y requiere la extensión de la prisión preventiva, el juez deberá informar al Consejo, que además tendrá que hacer una evaluación para que el reo recobre su libertad.
Claudio Kiper, camarista civil y consejero de la Magistratura, opinó ante este medio que la decisión del Poder Legislativo “es una lástima”, que la cláusula de control “viola la independencia de los jueces” y que, según explicó, “para eso están las cámaras” de apelaciones.
Kiper además adelantó que el sistema reformado “va a ser un caos, porque si ahora hay cientos de miles de causas, la demanda de trabajo va a ser peor”. El consejero también hizo referencia al incremento de la burocracia: “El Consejo va a necesitar una oficina y personal, y en este momento no hay recursos”. Inclusive mencionó que al votarse la ley de presupuesto, el Congreso otorgó aproximadamente 200 millones de pesos menos de lo que el Consejo (que administra el presupuesto de la Justicia) había considerado necesario.
En cuanto a la posibilidad de que se haga un planteo de inconstitucionalidad de la norma, tanto Kiper como Fernández Madrid lo descartaron por el momento. Para el consejero, los planteos sólo los pueden hacer las partes, a quienes no influirá demasiado la situación de contralor sobre los magistrados.
Fernández Madrid, por su parte, consideró que para pedir la inconstitucionalidad habrá que tomarse un tiempo de análisis. Sin embargo -aunque dejó bien en claro, al igual que Kiper, que la oposición no es contra la derogación del dos por uno-, fue contundente en su postura de que “afecta la marcha regular del proceso”.
La alternativa que queda es la de solicitar al presidente Fernando de la Rúa el veto de la norma, hipótesis poco probable porque fue la Alianza con su voto de mayoría en la Cámara Baja la que aprobó la norma con la cláusula de control de los jueces, o la de pedir al Poder Legislativo que revea su decisión.
Al salir de Diputados la norma con el artículo propuesto por el cavallismo en marzo, la situación generó una rápida reacción en el Consejo a través de tres dictámenes que fueron enviados a ambas cámaras. La diputada justicialista Lelia Chaya defendió la propuesta que había aprobado el cuerpo que ella representa, Kiper se opuso a la cláusula, mientras que Alfredo Vítolo y Humberto Quiroga Lavié emitieron una opinión intermedia. “Parece que no escucharon mi petición”, se lamentó el consejero Kiper.
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