04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Cavallo no se va, Cavallo no se va

Tres jueces prohibieron al ex ministro de Economía abandonar el territorio nacional. Aparece nuevamente vinculado a la causa armas y a los gastos de fondos reservados. Pidieron que se lo cite a indagatoria.

 
El ex ministro de Economía Domingo Cavallo –quien había pedido protección para él y su familia—no podrá abandonar el país a raíz de la orden impartida por tres jueces que aportaron su grano de arena y reflotaron expedientes en los que aparece involucrado quien hasta esta semana era el hombre fuerte del gobierno de Fernando de la Rúa.

Los jueces Julio Speroni, Rodolfo Canicoba Corral, y Jorge Luis Ballestero impartieron la orden para evitar la salida del país de Cavallo en relación con su presunta responsabilidad en las causas por la venta ilegal de armas, el desvío de fondos reservados durante el anterior gobierno y el megacanje, respectivamente, según confiaron fuentes judiciales.

Mientras se desconocía el paradero del ex ministro y se sucedían los incidentes frente a la casa de Gobierno, el juez Speroni, quien desde hace tres semanas tiene en sus manos toda la causa por la venta ilegal y el contrabando de armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1996, durante el gobierno de Carlos Menem, fue el primero en impartir la orden restrictiva de quien desde hoy carece de fueros que lo protejan.

Speroni comunicó a la Gendarmería Nacional la "prohibición de salir del país", en relación con aquella causa en la que Cavallo tiene desde meses atrás un auto de "falta de mérito" para procesar en esta causa al ex ministro de economía.

A su vez , Canicoba Corral hizo lugar a un pedido de los fiscales federales Eduardo Freiler y Federico Delgado en una causa iniciada en 1995 por el presunto desvío de fondos reservados a la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, cuando esa dependencia oficial estaba a cargo de Alberto Lestelle.

Freiler y Delgado habían pedido el procesamiento de Cavallo y hoy aceleraron los tiempos intentando impedir que el ahora ex ministro busque refugio en otro país, acosado por las responsabilidades que se le achacan en la crisis económica más grande de los últimos años.

Hoy, voceros del Fondo Monetario Internacional (FMI), que nunca comulgó con las ideas económicas Cavallo, atribuyeron al gobierno la responsabilidad por los graves incidentes que se viven en la Argentina.

Por su parte, el juez federal Jorge Luis Ballestero, quien investiga presuntas irregularidades en el Megacanje de títulos de la deuda externa no sólo prohibió la salida del país de Caballo, sino también la del ex viceministro de Economía, Daniel Marx, quien renunció la semana pasada, pero continuaba asesorando al gobierno en el tramo externo de una nueva operación de cambio con los acreedores para reducir el pago de intereses.

Marx era considerado como el principal negociador con los acreedores externos y ante los organismos internacionales, pero también estaba incluido en la denuncia que dio origen a la investigación del magistrado que también había considerado ilegítimo el origen de la deuda.

Pedido de indagatoria

El fiscal Miguel Ángel Osorio solicitó hoy un pedido de indagatoria para el renunciante ministro de Economía Domingo Cavallo en una causa en la que se investiga la resolución el 850 en donde se ordena a los bancos desobedecer los fallos de la justicia que permitían a la gente sacar sin restricciones efectivo de sus cuentas.

El fiscal realizó la presentación ante el juez Norberto Oyarbide, quien tiene a su cargo una causa en donde se investiga si el ex hombre fuerte del gobierno cometió el delito de “violación de los deberes de funcionario público”.

Dicho decreto ordenaba a las entidades sujetas a la superintendencia de Entidades Financieras y cambiarias del Banco Central de la República Argentina “no podían aceptar, bajo ningún concepto, las mandas judiciales que anulen, restrinjan o alteren de cualquier modo alguna de las disposiciones del decreto 1570”, que restringía las extracciones de efectivo.

La publicación de esa decisión del Ejecutivo Nacional en el boletín oficial, el último 17 de diciembre, generó que se presentaran varias denuncias sobre esa medida por parte de varios abogados, legisladores y hasta un fiscal.

El pedido de Osorio, también incluye que se impida salir al ministro del país, se oficie al BCRA para que remita la comunicación de ese decreto, se oficie a los juzgados en lo contencioso administrativos a fin de que aporten un listado de las acciones de amparo que se presentaron contra el decreto 1750 y que el titular del Central informe los mandatos judiciales incumplidos por cualquiera de las entidades financieras y cambiarias bajo su superintendencia.



dju / dju
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