La denuncia se basa en la llamada “reconversión de la deuda” que, según los miembros del ARI “configura una etapa importante en el saqueo y la quiebra del Estado, por parte de los grupos económicos y los funcionarios asociados del Poder Ejecutivo Nacional(PEN) y el Ministerio de Economía, mediante la reforma de leyes, Códigos, y la estatización de las deudas de las empresas con la AFIP.”
La denuncia de los legisladores, que fue presentada por Carrió, Alfredo Bravo y Mario Cafiero en horas del mediodía en los Tribunales de Retiro abarca además al ex ministro Domingo Felipe Cavallo y a los funcionarios, Chrystian Colombo, José Gabriel Dumón, Adalberto Rodriguez Giavarini, Daniel Alberto Sartor, Jorge De la Rúa, Ramón Mestre, y Horacio Jaunarena.
En ese sentido, los legisladores aseveran que “no hay ninguna duda” de que con el proceder que tuvieron los hombres del gobierno “han dispuesto a su entera voluntad, que la vida, el honor y la fortuna de los argentinos quede a merced de entidades financieras radicadas en el país o en el exterior”
Además, en el escrito que recayó en el juez Rodolfo Canicoba Corral, manifiestan que los decretos y los contratos que se han firmado “son insanablemente nulos” y consideran que “los que los que los formularon , los consintieron o firmaron, son infames y traidores a la patria”.
La presentación se concretó un día después que la Cámara de Diputados remitiera al Senado la derogación de los poderes extraordinario con que el Congreso había facilitado el accionar del gobierno de De la Rúa, tras la asunción de Cavallo hace nueve meses.
Detenciones
Por su parte, en otra presentación, una docena de diputados del ARI (Alternativa por una República de Iguales) pidieron la detención de Fernando de la Rúa, Enrique Mathov y Ramón Hernán Mestre por los delitos de “abuso de la autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y homicidio.”
Asimismo, reclamaron una medida cautelar para que la juez federal María Servini de Cubría también ordene “la inmediata detención de la represión que está llevando la Policía Federal” y la inmediata libertad de “todos los detenidos en función de este ilegítimo y delictivo accionar policial”.
Según la denuncia, los acusados usurparon funciones no delegadas por la Constitución Nacional y decretaron el estado de sitio “en forma ilegítima e inconstitucional por lo que han desatado una represión salvaje”.
En este sentido, la Policía Federal “cumplió órdenes ilegítimas y agredió a manifestantes pacíficos que se encontraban ejerciendo el derecho constitucional de peticionar ante las autoridades”, hecho que contó con la muerte de dos ciudadanos.