La reiteración del pedido se efectuó hoy ante el juzgado federal 2 cuyo titular es Jorge Luis Ballestero, quien lleva adelante una causa por “malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y asociación ilícita”, en torno a la operación del llamado Megacanje que se llevó a cabo en junio del año pasado.
Los diputados Elisa Carrió, Mario Cafiero, Alfredo Bravo y Graciela Ocaña reclamaron que se cite a indagatoria, además de De la Rúa y Cavallo, a ex viceministro de economía, Daniel Marx, y entre otros al banquero David Mulford del Citibank.
Al reiterar su pedido, también reclamaron que se convoque en la misma condición al ex presidente del Banco Central Roque Maccarone.
Los legisladores destacaron que entre las graves irregularidades detectadas durante la operación se destaca que “el agente financiero del Estado Nacional para esta gigantesca y billonaria operación, no fue el Banco Central de la República Argentina, sino los mismos bancos imputados” que a su vez eran los poseedores de títulos de la deuda externa que se iban a canjear.
Cafiero, en declaraciones formuladas en los tribunales federales de Comodoro Py aseguró que de acuerdo con la información que obra en el expediente “hay elementos” que corroborarían que el ex ministro Cavallo, “después del cierre del Megacanje mantuvo reuniones con los banqueros” en las cuales “se retocaron los precios de los bonos”.
En ese sentido, el legislador aseguró que en esa operación en la que se concretó “la entrega de bonos nuevos por parte del Estado hubo diferencia de precios” y estimó que se produjo un perjuicio de 160 millones de dólares.
“El estado compró bonos mas caro que lo que los tenía que haber comprado y entregó bonos mas baratos”, explicó el legislador quien aseguró que existen “decenas de testigos que estuvieron presentes en esas reuniones” que todavía “no han sido citados” por el juez Ballestero.
Al respecto indicó que “el país esta refundido por este tipo de maniobras con la deuda externa que se llevaron a cabo durante tantos años”.
En su presentación los legisladores del ARI reclamaron que se cite, entre otros, a los ex funcionarios Julio Dreizzen, Jorge Baldrich, Guillermo Mondino y Federico Sturzanegger, así como también a los presidentes del los bancos Frances, BBVA, Rio, Credit Suisse First Boston, JP Morgan Securities Inc, Salomón Smith Barney, HSBC Bank Argentina y Banco Santander Central Hispano SA.
Recalcaron, según consta en el escrito presentado hoy, que de la investigación surge” claramente que en forma dolosa mediante el dictado del decreto 648/01, el PEN designó como colocadores principales (Joint Leaders Manager) mediante el pago de una altísima comisión, el 0,55 por ciento, a los mismos bancos que eran los tenedores de los títulos que se iban a canjear”, y en ese sentido consideraron que “toda la operación es ilegítima y ha violado la Constitución Nacional”.
“Tenemos entonces que el canje realizado y las comisiones pactadas por el PEN y los Bancos en perjuicio de toda la sociedad, son irrazonables, injustificadas y exorbitantes, frente a la actividad financiera sin riesgo que realizaron los bancos involucrados considerando el monto global del Canje”, destacaron.
Por último, advirtieron que “no existen antecedentes a nivel mundial que los bancos tenedores de los títulos sean los que representen al Estado oferente de los nuevos bonos.
Este –dijeron—es el único caso que se funde en una sola parte al acreedor y al deudor, con poder de decisión sobre los intereses, plazos y comisiones de 30 mil millones de dólares, que ellos van a cobrar y que van a ser pagados por los habitantes de la Nación”.