"Éramos conscientes de que Argentina era garante del protocolo de Río de Janeiro, y por eso no podíamos establecer negocio ni contacto con el gobierno argentino", dijo Gallardo en declaraciones radiales, quien ratificó que "sí sabíamos que era armamento que estaba en la Argentina". De esta manera, Gallardo no confirmó si Ecuador estaba al tanto de que las armas habían sido despachadas por el gobierno argentino.
Ese armamento en cuestión, por el que están procesados ex funcionarios de la anterior administración -ocho mil fusiles FAL y diez millones de proyectiles-, fue entregado al gobierno ecuatoriano por el proveedor de armas César Torres Herbozo, y luego se comprobó que en vez de ser equipamiento nuevo, como se había negociado, era usado, por lo cual Ecuador cobró una suerte de indemnización de parte de la compañía garante de unos 7,3 millones de dólares.
Recordemos que en su momento, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky pidió la captura internacional de Torres Herbozo en la causa donde se investiga el delito de contrabando de armas al país de la línea, imputado de haber actuado como partícipe primario en esa exportación ilegal junto a su socio Roberto Sassen van Elsloo, titular de la empresa Prodefensa y prófugo de la justicia argentina por esa misma causa.
En su declaración ante el juez federal Jorge Urso, el ex jefe del Ejército, Martín Balza, precisamente explicó al tratar de deslindar de responsabilidades, que la fuerza que encabezaba canjeaba a Fabricaciones Militares el material ya utilizado por una menor cantidad de armamentos nuevos, y sugirió que de ese remanente se habría hecho el envío ilegal.
Gallardo fue consultado a raíz de un artículo publicado por el diario El Comercio de Quito, que informó sobre el cobro de una garantía por los defectos en el cumplimiento del contrato y dio cuenta de que el material bélico "fue embalado en la Fábrica de Armas del Ejército de ese país (por Argentina), con la autorización directa del presidente Carlos Menem y varios de sus ministros, hoy bajo investigación judicial por un supuesto tráfico de armas".
Al ser preguntado sobre si a él le constaba que ese materíal había sido despachado con autorización del ex presidente Carlos Menem, el ex ministro ecuatoriano dijo que "sabía que las armas eran argentinas, pero no sabíamos dónde estaban ni quién las poseía, porque eso a nosotros no nos interesaba". Gallardo recordó que "en ese momento había un embargo, una prohibición de venta de armas a Ecuador y Perú, y a nosotros nos interesaba obtener las armas de donde fuera".
"Yo firmé contrato con Torres Herbozo, un ecuatoriano; él presentó una oferta de venta de fusiles FAL, que era lo que necesitábamos, y munición para esos fusiles. Se escogió entre tres ofertas y yo firmé ese contrato donde se hizo constar la garantía suficiente para que se tratara de armas y munición nueva, y por eso pudimos obtener después el dinero" al hacer efectiva la previsión cuando se constató que era vieja, afirmó el ex funcionario.
Precisamente por esto, Torres Herbozo y Sassen van Esloo, por intermedio de su apoderado, el abogado Miguel Bootello, se presentaron como querellantes en la causa que lleva adelante Urso. La estrategia de ambos, antes de que les pidieran la captura, era lograr que el juez Urso determine que han sido estafados por los procesados en la causa por la venta ilegal de armas -todos ex funcionarios- para así poder entablar un juicio de millonarias proporciones contra el Estado Argentino, tras demostrar que quienes le vendieron las armas, luego de haberle prometido que se las venderían “a estrenar” se las mandaron usadas y en mal estado. Tiempo mas tarde, la Sala II de la Cámara Federal los separó del rol de querellante en esa causa.
Por su parte, Gallardo fue insistente: "no podíamos establecer contacto ni negocio con el gobierno argentino, sabíamos que era armamento que estaba en Argentina, pero no nos interesaba saber de qué sector provenía".
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Mira quien habla 12/4/2001