El origen de la investigación donde ahora se imputa a los policías es el Legajo 8 A, creado por el juez Juan José Galeano, para investigar la denuncia de Sosa, que aseguró que los policías Mario Bareiro y Diego Barreda “marcaron” la Traffic de Telleldín, pero no para que se la quitara Raúl Ibarra, tal como lo afirma el juez, los fiscales y los querellantes, sino para un policía de origen árabe, el inspector Abel Brahim Alí.
En el auto de elevación a juicio oral de Ribelli, Telleldín y el resto de los imputados de formar parte de la “conexión local” del atentado, Galeano incluye la denuncia de Sosa entre los intentos de “desviar el curso de la investigación y producir un dispendio jurisdiccional importante”.
Galeano asegura además que en su investigación “no se estableció la relación (de Alí) con la camioneta que pasó por las manos de Telleldín” e indica que la maniobra se completaría con un testimonio de Ibarra, donde aseguraría que cuando Telleldin lo señaló como el hombre que se llevó la camioneta en realidad lo había confundido con Alí.
Esa “operación” sobre la causa AMIA no llegó a concretarse porque parte de la historia se filtró a la prensa. Pero al año siguiente –abril de 1997- el oficial Jorge Lupiano volvió a la carga asegurando ante Galeano que la Traffic-bomba se preparó en Campo de Mayo con 200 kilos de trotyl y Sosa agregó que el inspector Alí llevó la camioneta al predio militar.
Para consolidar la pista, aparecieron en escena los policías Rodríguez y Pellegrino que precisaron que la Trafic se había armado en el Batallón de Ingenieros 601 de Campo de Mayo. El mismo lugar que Galeano había allanado en diciembre de 1995 por sugerencia del comisario bonaerense Angel Salguero, dando origen a “la pista carapintada”, frustrada recientemente en un juicio oral con mayoría de sentencias absolutorias.
El otro intento de apuntalar la pista falsa que conducía a Alí estuvo a cargo del comisario Hugo Vacarezza, quien aseguró ante Galeano que había recibido “información anónima” a través de un subordinado que daba cuenta del paso de la camioneta-bomba por las manos del comisario de oportuno nombre árabe.
Pero la maniobra se terminó de hundir cuando el mismo Vacarezza reconoció que la información que había acercado no era anónima, sino que provenía de dos policías, los ahora imputados Julio César Gatto y Marcelo Valenga, ambos amigos de Juan José Ribelli.
Gatto y Valenga fueron procesados y encarcelados por la llamada Masacre de Wilde, hecho ocurrido en enero de 1994, cuando cuatro inocentes murieron a manos de policías bonaerenses que los confundieron con delicuentes.
Ribelli fue el encargado de “recaudar” fondos para mantener a las familias y los abogados de los detenidos. Para los querellantes en la causa AMIA, por esa razón se redoblaron los sobornos a los que eran sometidos los delicuentes controlados por las Brigadas, entre los que se contaba Carlos Telleldín.
Cuando Gatto y Valenga salieron de prisión -por un fallo judicial severamente cuestionado por los familiares del muertos en Wilde- fueron a trabajar con Ribelli, quien había alcanzado la Jefatura de la Brigada de Quilmes presuntamente como “premio” por la liberación de “los muchachos”.
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