El escenario que ya maneja el ex abogado de Memoria Activa tendrá menos dependencias, o al menos estará manejado por menos hombres. Según confirmaron hoy a Diariojudicial.com voceros de la cartera, habrá sólo tres subsecretarías. La de Derechos Humanos, a cargo de Jorge Taiana; la de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, con la continuidad de Mariano Ciafardini, recuperando el espacio que le había ganado Álvaro Ruiz Moreno con la llegada de Jorge de la Rúa; y una tercera de Coordinación, estratégica porque maneja los fondos de los entes cooperadores, aunque aún no tiene nuevo dueño.
Como ya lo anticipara este medio, también seguirá existiendo la Oficina Anticorrupción con José Massoni a la cabeza, aunque no está exenta de las agresiones políticas que venía sufriendo desde el Ministerio Público, que busca reducir su campo de acción.
Zuppi tendrá que ganarse a un Poder Judicial generalizadamente conservador que suele desconfiar de las caras que llegan desde afuera de “la familia”. Inclusive ya se han oído voces que por lo bajo le han puesto fecha a su salida del Gobierno, sobre todo después de los contradichos con otros integrantes del Gabinete (en especial con el secretario General Luis Luquiños, que definió el anuncio de Zuppi como “dimes y diretes de la vieja Argentina”) cuando este dijo que derogaría el decreto de Fernando de la Rúa que pretendió sentar una doctrina en materia de extradición de militares con responsabilidad penal durante la última dictadura.
Precisamente, y más allá de la definición que le puede dar su propio currículo como abogado especialista en derechos humanos, Zuppi ha mostrado sus intenciones a través de sus primeras medidas como funcionario del Poder Ejecutivo.
Después de fijar su política en materia de cooperación internacional, haciendo valer la letra de los tratados incorporados a la Constitución de 1994, voceros del secretario confirmaron a este cronista que se sigue trabajando para presentarle a Rodríguez Saá un decreto en el que se ordenará la liberación de todos los detenidos en las revueltas populares de la semana pasada. La medida prevé que se suspenda la persecución penal, en una suerte de amnistía que no alcanzará a quienes hubiesen cometido delitos graves.
El reglamento, que sin dudas tendrá sus detractores, cuenta con el respaldo de una reunión que tuvo Zuppi ayer con la juez federal María Romilda Servini de Cubría, quien investiga los ocho homicidios cometidos durante la represión del jueves pasado. Para llegar a una decisión consensuada, el secretario de Justicia además habría iniciado contactos con los distintos bloques legislativos.