La comisión estará integrada por los doctores Carlos Acevedo, ex profesor de Derecho Penal; Federico Atencio, Juez de Garantías platense; Pedro Bertolino, ex profesor de Derecho Procesal Penal; Mario Coriolano, Defensor de Casación Penal; Octavio Echegoyen Lynch; Juan Garelli, presidente del Colegio de Magistrados de Junín; Javier Guzmán, fiscal de juicio de La Plata; Gustavo Herbel, defensor oficial ante Casación; Lucila Larrandart, juez federal del Tribunal Oral de San Martín; Omar Ozafrain, Defensor Oficial; Ramiro Pérez Duhalde, profesor de Derecho Penal I y Jorge Roldán, Fiscal Adjunto de Casación Penal.
En diálogo con Diariojudicial.com, el subsecretario Méndez afirmó que “la comisión va a hacer una evaluación, estudio y diagnóstico de cómo funciona el sistema de la justicia penal en la provincia de Buenos Aires después de la última reforma sustancial de 1998”.
“Esta comisión integrada por juristas y especialistas en derecho procesal penal de todos los sectores e ideologías científicas harán estudios desde el punto de vista fáctico y eventualmente considerarán la posibilidad de hacer recomendaciones”, sintetizó.
Según Méndez “el aspecto sustancial y básico y del que somos conscientes es que hay un descreimiento en la Justicia y tenemos que arrimarla a la gente, hacerla menos complicada y más eficiente bajando los índices que todos conocemos y que no son buenos” agregando que “hay una agenda abierta para todos los temas, con el único condicionamiento que sepan la realidad que vivimos en lo económico y que lo tengan en cuenta”.
En tanto, el coordinador de la comisión Dr. Héctor Granillo Fernández, señaló a este medio que “el Ministerio de Justicia está convencido de que esto no funciona como debería funcionar, que la administración de Justicia no es óptima ni la que debería ser conforme a una ley procesal moderna y nos parece claro que debemos hacer una propuesta que trate de solucionar los puntos de conflicto”.
“Casi todos estamos de acuerdo en el sistema acusatorio, el debido proceso en líneas generales de acuerdo a lo que la ley 11922 introdujo, pero también hay muchos conflictos, muchas demoras y cuellos de botella” dijo Granillo.
El jurista citó como ejemplo “la extraordinaria demora de la IPP (Instrucción Penal Preparatoria) que tiene un plazo de cuatro meses pero que es como una burla en el tiempo y no hay sanciones para el incumplimiento de los plazos, sumándose a eso una etapa intermedia de vías recursivas y un habeas corpus que no funciona y que ha sido derogado de facto en la Provincia”.
El experto dijo que “trabajaremos con las estadísticas oficiales de la Procuración y la Suprema Corte y tendremos en cuenta la realidad que vemos en el ejercicio cotidiano de nuestra actividad, tanto desde la magistratura como de la defensa oficial, privada y el rol del particular damnificado”.