"Se está pensando en un plazo razonable que permita la terminación" de las causas y aunque negó mayores precisiones aceptó que el mismo "puede ser de un año". "Son muchas esas causas y han sido uno de los temas más preocupantes de este cambio de sistema", agregó.
Méndez explicó respecto de la razonabilidad de plazos que "la idea en materia de administración de justicia es que el Estado brinde seguridad a los ciudadanos pero sin que ese poder signifique un cercenamiento o una violación de los derechos de cada ciudadano, sea que delinca o no".
"Es muy difícil balancear la inquietud de la gente cuando siente inseguridad y obviamente los derechos de cada ciudadano, que deben ser protegidos", indicó.
El plazo de prescripción de las causas residuales fue prorrogado al menos en dos ocasiones mediante sendas leyes, y la última de ellas señala a marzo de 2002 como el límite máximo, que podría ser modificado a partir del proyecto que enviaría el Poder Ejecutivo.