La denuncia elevada a la jueza federal María Romilda Servini de Cubría surgió a partir de una presentación anónima recibida por fax en la que se daba cuenta acerca de la posibilidad que las puertas del Congreso pudieran haber sido franqueadas sin resistencia, permitiendo así el ingreso de los saqueadores, en su mayoría jóvenes que incendiaron cortinados y muebles históricos.
A su vez, la diputada Graciela Ocaña (ARI) denunció a Rodríguez Saá por abandono del cargo, presentación que dio origen al oficio que Servini de Cubría le cursó al hasta hoy presidente de la Nación, quien dimitió abandonado a su suerte por los máximos referentes del justicialismo.
El viernes la Policía Federal remitió un detallado informe sobre lo actuado por esa fuerza durante los disturbios del pasado 20 de diciembre, en los que murieron al menos cinco personas, y describe la cadena de mandos que intervino en el operativo.
A su vez , ese mismo día la fiscalía realizó una inspección ocular en la plaza de Mayo y en la Avenida de Mayo, donde requirió el testimonio de lo que llamaron “testigos fijos”, es decir comerciantes que vieron o fueron víctimas de los ataques. También requirieron a las entidades oficiales (Banco Nación, SIDE, AFIP, etc) una nómina del personal que se encontraba en los respectivos edificios para ser citados a prestar declaración testimonial.
Indagan a dentenidos
A su vez la jueza comenzó a tomarle declaración indagatoria a los siente jóvenes que fueron detenidos durantes los disturbios de la madrugada del sábado luego de un cacerolazo que obligo la renuncia de Grosso y provocó un cisma en el gobierno provisional de Rodríguez Saá.
Se trata de cuatro personas jóvenes (dos varones y dos mujeres) detenidas por resistencia a la autoridad en las inmediaciones del Congreso y la Plaza de Mayo, mientras que un quinto fue arrestado en un local de Mc Donalds en Lavalle al 900 el sábado al mediodía, identificado en un primer momento como el sujeto que atacó a patadas en la cabeza a un agente de la Policía Federal en la Plaza de Mayo, cuando recrudecían los disturbios, aunque durante la indagatoria surgieron sospechas sobre si se trataba o no del mismo agresor.
Otro joven fue arrestado en Bolívar y México, en el barrio de San Telmo, con un morral cargado de piedras y objetos contundentes como los que se arrojaron contra los efectivos policiales, aunque durante la indagatoria negó que sea de su pertenencia. Los fiscales no se opusieron a un pedido de excarcelación. El último de los indagados es un joven cuya imagen fue registrada arrojándole piedras a un patrullero.
Todos los detenidos, según confirmaron fuentes judiciales, están acusados por los delitos de resistencia a la autoridad y por haber intervenido en hechos de violencia a edificios públicos. La causa que está radicada en el Juzgado Federal número 1, a cargo de Servini de Cubría, cuenta con la intervención de los fiscales Patricio Evers y Luis Comparatore. La defensa de la mayoría de los detenidos, fue asumida por los abogados vinculados a organismos de defensa de los derechos humanos.
En ese sentido, la madre de la dos detenidas –que esperaba en las escaleras de los Tribunales federales- no dudó al afirmar que "la verdad está en los videos”. Para la mujer, en las filmaciones se puede ver que sus hijas iban “en un ciclomotor y que las tiraron al piso, y que a una de ellas casi la atropella un camión".
Los hechos habían comenzado con un "cacerolazo" espontáneo y pacífico que finalizó cuando algunos jóvenes destrozaron parte del Congreso Nacional y los negocios aledaños a la Casa Rosada, entre otros.