04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

A) LA CORTE

 
Salió a defenderse despues del "ataque" que sufrióel pasado viernes cuando menos de 100 activistas enrolados enla Asociación de Abogados Laboralistas le organizó un"cacerolazo" -nuevo método importado por los porteños paraprotestar contra el sistema político- pidiendo la destituciónde los 9 miembros. En el cuarto piso de Talcahuano 550 se llegóa comentar que esas andanadas ocultan intereses políticos ysectoriales. Por un lado, se cree que detrás de los laboralistasse expresa el descontento por los fallos de la Corte en contrade viejas disposiciones laborales y de riesgo del trabajo. Esas decisiones paralizarona la denominada "industria del juicio" que duranteaños obtuvo ganancias millonarias por ganarle demandas alEstado, generalmente mal defendidas o lo que es peor: acordadasentre abogados de ambas partes, en juicios que hasta el día de hoy siguen rindiendo jugosos honorarios percibidos por notorios personajes de la justicia porteña en litigiosas liquidaciones. Por el segundo, se ve unapañamiento desde el mismo gobierno de sectores que siemprequisieron la destitución de esta Corte. El domingo, un juez dela Corte llegó a plantearle a un senador de acceso rápido alPoder Judicial y a gobernadores peronistas de la preocupaciónpor estos ataques que centran en el flamante ex secretario de Justicia,Alberto Zuppi.

B) MENSAJE. Se comprometió a transmitir ese senador a losgobernadores del PJ que en esos momentos se aprestaban areunirse con Adolfo Rodriguez Saá en Chapadmalal. Palabras máspalabras menos, el mensaje que se le hizo llegar al presidenteprovisorio es el siguiente: ninguno de los 9 ministros de laCorte tiene pensado renunciar en estas circunstancias y bajola presión de estas operaciones políticas. En todo casoenfrentarán el juicio político -en el caso que prospere lainiciativa de los diputados del ARI encabezados por ElisaCarrió- que necesita de los 2/3 del Congreso para destituirlos.Pero en ese interín, sin la Corte, el país se tornaráingobernable porque en líneas generales -más allá de lasadministracione de Carlos Menem o Fernando de la Rúa- lo queha hecho el máximo tribunal -sin distinciones internas- ha sidoasegurar la gobernabilidad, pagando precios políticosinnecesarios. El legislador que comparte en gran medida, elargumento del interlocutor, se comprometió a una rápida gestiónpara solucionar este nuevo frente de conflicto de gravedadinstitucional impredecible ante un gobierno que sigue sin saberdonde está parado.

C) INNECESARIO. Ante este cuadro de situación fue el costo quepagó la jueza María Servini de Cubría por su decisión de ir a parar públicamente a la policíacuando grupos ultras atacaron la Casa de Gobierno después quese habían retirado los pacíficos vecinos del primer cacerolazo,según la interpretación que hoy se recoge en sectoreslegislativos del peronismo y del radicalismo, quienesanalizaron hasta la posibilidad de pedirle juicio político. Hoyse sabe que estos grupos organizados que habían sido reclutadosen el conurbano por sectores combativos del sindicalismo y alque se le habían sumado grupos ultras como "los motoqueros deQuebracho", Corriente Clasista y Combativa del "Perro"Santillán, Agrupación H.I.J.O.S, Partido Obrero y lo que quedadel Movimiento Todos por la Patria MTP. Es cierto que loserrores cometidos por el ex jefe de la Policía Federal, RubénSantos y el no menos ineficaz secretario de Seguridad,Enrique Mathov, encolerizaron a la juez pero debió haberanalizado que su presencia pública en una plaza donde sobrabanlas balas, sólo iba a brindar apoyo psicológico a los violentose inmovilizar a la policía.

D) JUICIO. Contra el flamante ex presidente se encuentra en eljuzgado del juez Jorge Urso, quien después del controvertidocaso de las armas, parece predestinado a tener que lidiar conex presidentes, ya que a los que ejercen el juez tiene el tinode no molestarlos, por lo que se espera que, ahora, se ponganal día las actuaciones contra Fernando de la Rúa. El casocontra Rodriguez Saá nació por una denuncia que se hizo por laventa de una fábrica en el marco de la política dediferimientos impositivos que en su momento enfrentó al puntanocon el ex ministro de Economía, Roque Fernández. En esa causa,aparecen complicados funcionarios dela gobernación puntana pero no rozan al cercano colaborador del efímero presidente, Luis Lusquiños ni al jefe de la SIDE, Carlos Sargnese,un abogado de la mayor confianza del flamante ex presidente quesiempre se ocupó de los contratos con el Estado y en suprovincia se desempeñó en varios cargos de confianza: fue elprincipal operador del retorno de Alberto Rodriguez Saá alSenado despues de su duro enfrentamiento con Carlos Menem poroponerse a la reelección y al Pacto de Olivos. Hasta sunombramiento como jefe de los espías, fue el presidente de laCámara de Diputados de la Provincia, después de haber sidopresidente del Superior Tribunal de Justicia. Todo uncurrículum.

E) BAÑOS. Alberto Julio, es el juez a quien le tocó investigaral jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, AníbalIbarra, por la denuncia -anticipada en exclusiva por estacolumna que recién tomará estado público en medios masivos estasemana- que le hizo el ex legislador radical Marcelo Gey, quienimpulsa una acción penal contra ex funcionarios de ese partidopor la concesión de la autopista "Arturo Humberto Illia". Geyratificó su denuncia el pasado viernes 28 pero igual presentóun escrito ante el juez Eduardo Dafis Niklisson que subrogaal cuestionado Nelson Jarazo, de quien Gey sospecha que fuepremiado por el anterior Senado a instancias del propio De laRúa con un cargo de camarista federal oral en La Plata. Jarazzotuvo dormida esa causa y se enfrentó al fiscal Alejandro MolinaPico. Pero la mayor preocupación de los denunciantes es sabersi Baños, quien no oculta su amistad con Jarazo y sabealmorzar con Ibarra, enviará todas las actuaciones a Niklissono si por el contrario retendrá las actuaciones, con lo queserán dos las causas que tiene contra los radicales: ésta dela autopista y la de los ñoquis por la que detuvo al exconcejal Eliseo Roselló, excarcelado por la Cámara deApelaciones en lo Criminal y Correccional.



hugo morales / dju
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