B) MENSAJE. Se comprometió a transmitir ese senador a los gobernadores del PJ que en esos momentos se aprestaban a reunirse con Adolfo Rodriguez Saá en Chapadmalal. Palabras más palabras menos, el mensaje que se le hizo llegar al presidente provisorio es el siguiente: ninguno de los 9 ministros de la Corte tiene pensado renunciar en estas circunstancias y bajo la presión de estas operaciones políticas. En todo caso enfrentarán el juicio político -en el caso que prospere la iniciativa de los diputados del ARI encabezados por Elisa Carrió- que necesita de los 2/3 del Congreso para destituirlos. Pero en ese interín, sin la Corte, el país se tornará ingobernable porque en líneas generales -más allá de las administracione de Carlos Menem o Fernando de la Rúa- lo que ha hecho el máximo tribunal -sin distinciones internas- ha sido asegurar la gobernabilidad, pagando precios políticos innecesarios. El legislador que comparte en gran medida, el argumento del interlocutor, se comprometió a una rápida gestión para solucionar este nuevo frente de conflicto de gravedad institucional impredecible ante un gobierno que sigue sin saber donde está parado.
C) INNECESARIO. Ante este cuadro de situación fue el costo que pagó la jueza María Servini de Cubría por su decisión de ir a parar públicamente a la policía cuando grupos ultras atacaron la Casa de Gobierno después que se habían retirado los pacíficos vecinos del primer cacerolazo, según la interpretación que hoy se recoge en sectores legislativos del peronismo y del radicalismo, quienes analizaron hasta la posibilidad de pedirle juicio político. Hoy se sabe que estos grupos organizados que habían sido reclutados en el conurbano por sectores combativos del sindicalismo y al que se le habían sumado grupos ultras como "los motoqueros de Quebracho", Corriente Clasista y Combativa del "Perro" Santillán, Agrupación H.I.J.O.S, Partido Obrero y lo que queda del Movimiento Todos por la Patria MTP. Es cierto que los errores cometidos por el ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos y el no menos ineficaz secretario de Seguridad, Enrique Mathov, encolerizaron a la juez pero debió haber analizado que su presencia pública en una plaza donde sobraban las balas, sólo iba a brindar apoyo psicológico a los violentos e inmovilizar a la policía.
D) JUICIO. Contra el flamante ex presidente se encuentra en el juzgado del juez Jorge Urso, quien después del controvertido caso de las armas, parece predestinado a tener que lidiar con ex presidentes, ya que a los que ejercen el juez tiene el tino de no molestarlos, por lo que se espera que, ahora, se pongan al día las actuaciones contra Fernando de la Rúa. El caso contra Rodriguez Saá nació por una denuncia que se hizo por la venta de una fábrica en el marco de la política de diferimientos impositivos que en su momento enfrentó al puntano con el ex ministro de Economía, Roque Fernández. En esa causa, aparecen complicados funcionarios de la gobernación puntana pero no rozan al cercano colaborador del efímero presidente, Luis Lusquiños ni al jefe de la SIDE, Carlos Sargnese, un abogado de la mayor confianza del flamante ex presidente que siempre se ocupó de los contratos con el Estado y en su provincia se desempeñó en varios cargos de confianza: fue el principal operador del retorno de Alberto Rodriguez Saá al Senado despues de su duro enfrentamiento con Carlos Menem por oponerse a la reelección y al Pacto de Olivos. Hasta su nombramiento como jefe de los espías, fue el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, después de haber sido presidente del Superior Tribunal de Justicia. Todo un currículum.
E) BAÑOS. Alberto Julio, es el juez a quien le tocó investigar al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, por la denuncia -anticipada en exclusiva por esta columna que recién tomará estado público en medios masivos esta semana- que le hizo el ex legislador radical Marcelo Gey, quien impulsa una acción penal contra ex funcionarios de ese partido por la concesión de la autopista "Arturo Humberto Illia". Gey ratificó su denuncia el pasado viernes 28 pero igual presentó un escrito ante el juez Eduardo Dafis Niklisson que subroga al cuestionado Nelson Jarazo, de quien Gey sospecha que fue premiado por el anterior Senado a instancias del propio De la Rúa con un cargo de camarista federal oral en La Plata. Jarazzo tuvo dormida esa causa y se enfrentó al fiscal Alejandro Molina Pico. Pero la mayor preocupación de los denunciantes es saber si Baños, quien no oculta su amistad con Jarazo y sabe almorzar con Ibarra, enviará todas las actuaciones a Niklisson o si por el contrario retendrá las actuaciones, con lo que serán dos las causas que tiene contra los radicales: ésta de la autopista y la de los ñoquis por la que detuvo al ex concejal Eliseo Roselló, excarcelado por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.