El requerimiento del magistrado argentino obedece a un pedido de la Unidad Especial de Investigación del Ministerio de Justicia, cuando esa oficina se encontraba a cargo de Nilda Garré y dependía del por entonces Secretario de Justicia Melchor Cruchaga.
Según pudo saber Diariojudicial.com, el cuestionario de 11 preguntas apunta a ampliar las declaraciones que efectuara en dos oportunidades ante la justicia argentina el ex funcionario de la inteligencia iraní que hasta este año estuvo protegido por las autoridades alemanas, y quien en los últimos meses de 2001 habría manifestado su predisposición de venir al país para declarar en el juicio oral y público que se lleva adelante por la voladura de la AMIA.
El testigo declaró inicialmente en 1998 en Alemania revelando detalles sobre la presunta intervención del gobierno de Irán en el ataque terrorista ocurrido el 18 de julio de 1994, que se atribuyó el grupo fundamentalista islámico Hezbollah, y en el cual murieron 85 personas.
En la segunda declaración llevada a cabo en México en el año 2000, el testigo reveló que habían existido operaciones de compraventa ilegal de armas entre ambos países con anterioridad a aquella fecha, por lo que ahora deberá responder acerca de intermediarios y empresas que pudieron haber intervenido en esas maniobras.
Asimismo, se le pidió que amplíe sus aseveraciones respecto del presunto envío de una misión argentina a Irán con posterioridad al ataque, cuya integración se investiga, con el propósito de “negociar” la relación posterior entre ambos países luego del atentado.
En torno a ese hecho, también “C” habría afirmado que esa misión era oficial del gobierno de Carlos Menem y que de la misma habrían participado funcionarios de la Secretaría de Asuntos Especiales de la Cancillería y que se habría cobrado una suma importante de dinero.
Los enviados del gobierno de Menem, según pudo saber Diariojudicial.com habrían viajado a Irán para “negociar” en torno a las consecuencias para Irán luego del atentado, pero las relaciones diplomáticas entre ambos países llegaron a tensarse al extremo que sólo permaneció en la Argentina una representación comercial y el embajador en Teherán fue llamado de urgencia.
Asimismo, y en el tercer punto de importancia del cuestionario se le requirió al ex agente iraní que aporte información acerca del ingreso de diplomáticos y funcionarios de esa nacionalidad a la Argentina en los días previos al atentado, quienes se habrían reunido en Buenos Aires y abandonado el territorio nacional el 17 de julio de aquel año.
Si bien este es uno de los puntos en los que se acentúa más la investigación en los últimos meses, el juez Galeano cuenta con nuevos datos aportados por el entrecruzamiento de fichas de migración que estuvieron abandonadas por años y ahora fueron cargadas a sistemas informáticos.
Por último, junto con el cuestionario se enviaron a Alemania una serie de fotografías sin nombres para que el testigo diga si conoce a algunos de esos personajes, que en su mayoría tendrían vinculación con el tema de la venta de armas y con los funcionarios iraníes que ingresaron a la Argentina en los días anteriores al atentado.