En ese sentido, la decisión de los magistrados Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero de poner libertad a Ruiz Santamaría, presunto narcotraficante, provocó que el fiscal general del Estado presentase contra ellos una querella por el delito de prevaricato, es decir, dictar una resolución contraria a derecho a sabiendas.
El auto de la Sección Cuarta Penal de la Audiencia que puso en libertad provisional al presunto narco justificaba la medida en que el procesado padece un “trastorno bipolar” de carácter psiquiátrico y un informe pericial recomendaba su tratamiento ambulatorio.
Asimismo, el fiscalía, en su escrito pide 60 años de prisión para Ruiz Santamaría al considerarlo delegado en España de una organización de narcotraficantes colombianos y españoles dedicada al transporte de grandes cantidades de cocaína para su posterior distribución en Europa.
La acusación del Ministerio Público engloba a 38 personas de diferentes nacionalidades que conformarían este grupo, que a su vez estaba integrado en una organización supranacional más amplia que tenía su centro de operaciones en Colombia.
Durante los dos años en los que operó el grupo antes de su desarticulación, se calcula que la cantidad de cocaína transportada y distribuida dentro y fuera de España fue de 52.000 kilos.
En mayo de 1999 se detectó la primera operación de transporte de cocaína, 6.400 kilos, a bordo de un barco de nombre Koei Maru, bajo la coordinación del ahora prófugo y el también procesado Alfonso León Fernández, quien según la acusación sería el líder del grupo en ese estado europeo.
Dos meses después se inició otra operación de transporte de cocaína a bordo del buque Tammsaare, que zarpó desde Panamá y que fue encontrado por una embarcación del Servicio de Vigilancia Aduanera cerca de las islas Canarias.
A raíz de la captura de esa embarcación fueron detenidos los presuntos miembros de la organización, a los que les fueron incautados diferentes efectos y vehículos utilizados en el desarrollo de sus actividades ilícitas.
Para los 38 acusados se solicitan penas que van desde los 60 años de cárcel, que se piden para Ruiz Santamaría, a los 14, para los tripulantes del Tammsaare, además de multas millonarias para todos.