24 de Diciembre de 2024
Edición 7118 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 26/12/2024

Abogados y escribanos, por una vez, juntos

Los Colegios de Abogados y Escribanos de la Capital Federal presentaron un amparo conjunto para promover la suspensión de las medidas del Ministerio de Economía que cambiaron parcialmente las reglas del corralito bancario. TEXTO COMPLETO DEL ESCRITO

 
La presentación judicial, adelantada el viernes por Diariojudicial.com fue firmada por Atilio Alterini, en su carácter de presidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal y apunta a los inconvenientes que la resolución del Ministerio de Economía produce en la actividad profesional de abogados y escribanos, ya que no permite disponer “ni siquiera mediante cheques, de los activos existentes en plazos fijos y cajas de ahorro”.

“Aunque suene grotesco, queremos volver al corralito que es mucho mejor que el cerrojo”, aseguró Alterini, en referencia a las medidas impulsadas por el nuevo gobierno de Eduardo Duhalde, que dispone la devolución a largo plazo de los depósitos en dólares en cuentas corrientes y plazos fijos.

Los colegios profesionales aseguran que las nuevas disposiciones económicas son “más severas” que las dispuestas en su momento por Domingo Cavallo. Para Alterini, “el nuevo corralito perjudicó especialmente a los abogados porque les trajo más inconvenientes y frustraciones”.

En el amparo, sobre el que deberá decidir la Dra. Clara Do Pico, juez de feria en lo contencioso administrativo federal, se fundamenta en que por las características de la actividad, los abogados y escribanos trabajan con una “desincronía entre los ingresos y los egresos” que muchas veces hacen que se depositen fondos en plazos fijos o caja de ahorros “hasta el momento en el cual han debido ser utilizados”.

El escrito asegura que “los depósitos bancarios que realizan los abogados y los escribanos, a plazo fijo o en cuenta corriente, no constituyen una inversión, sino simplemente un depósito cuya exigibilidad se acompasa con la fecha en que están precisados a contar con los fondos necesarios para realizar los pagos debidos”.

Además, se anticipa a la posibilidad de que la Corte Suprema vuelva a realizar un per saltum, como el de fines de diciembre, que reafirmó el corralito de Domingo Cavallo.

En ese sentido, los Colegios remarcan que “el Poder Judicial no puede convertirse en un acompañante del Ejecutivo porque de esto se derivaría una grave consecuencia: la de que, como el fin justifica los medios el juzgamiento de la constitucionalidad de una decisión o una medida se limita a valorar su conveniencia para el Poder Ejecutivo o los eventuales beneficiarios”.



dju / dju

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