Mediante procedimientos realizados por oficiales de justicia, se pudo comprobar en los últimos días una seria resistencia a cumplir con las órdenes de los jueces y se observaron actitudes dilatorias de parte de las entidades bancarias que perjudican a quienes fueron beneficiados por la justicia.
El presidente del Consejo de Abogados, Carlos Barsesa, advirtió que "existe una clara desobediencia a un mandato judicial que sí o sí debe ser cumplido, pero en los hechos no se concretan porque reiteradamente los funcionarios bancarios argumentan estar esperando instrucciones de sus casas matrices, lo que de ninguna manera es aceptable porque tiene que recordarse que cada uno de los ahorristas chaqueños depositó sus ahorros en las sucursales del Chaco, en efectivo, y no en las casas centrales".
En ese sentido, Barsesa recalcó que se comprobaron actitudes dilatorias por parte de quienes estaban obligados a cumplir con la ley, y "esto no se corresponde, en el marco de la ley, que haya diferencia con mandamientos de otra índole que se cumplen inexorablemente porque la ley es una sola y la misma para todos".
El representante del Consejo de Abogados refirió que “lo que se está demando es la actuación de oficio de los jueces o fiscales que deban intervenir constituyéndose personalmente en los bancos que se nieguen al pago para, llegado el caso, disponer el arresto del funcionario que no cumpla con el mandato del juez".
Además, Barsesa aseguró que queda al descubierto que "la legislación aplicable en nuestra provincia no ha sido modificada, lo que hace aún más al cumplimiento de las medidas judiciales ordenadas" y, por este motivo, ejemplificó que el “per saltum” de la Corte Suprema de Justicia no resulta aplicable a ninguno de estos casos.
En el Sur se ponen firmes
Por su parte, la justicia federal de Comodoro Rivadavia detuvo por algunas horas al gerente de la sucursal de la Banca Nazionale del Lavoro, luego que rehusara restituir a tres ahorristas particulares "unos 75 mil pesos", que estaban retenidos en esa entidad bancaria por el corralito financiero.
La medida fue adoptada por la jueza federal de esta ciudad, Eva Liliana Parcio, quien además ordenó a un cerrajero que abriera la caja fuerte del banco para que se les devuelva el dinero a los ahorristas locales.
En tanto, el gerente de la sucursal crediticia, Juan Stábile, declara en esta tarde ante la magistrada.
La Capital también tiene lo suyo
En la ciudad de Buenos Aires, una ahorrista jubilada denunció al directorio del Bank Boston por presunta “desobediencia” tras no respetar una orden judicial que obligaba a la entidad a entregarle su dinero depositado en un plazo fijo.
Se trata de Lidia Celia Gómez, quien presentó una denuncia penal contra el banco, que involucra al titular de la entidad, Manuel Sacerdote, al gerente de la sucursal del barrio porteño de Belgrano, Héctor Capano y a tres abogados del Departamento de Legales de la entidad financiera. La presentación recayó en el juzgado correccional número diez.
A pesar de que Gómez fue beneficiada el 3 de enero de este año con una orden del juez en lo contencioso administrativo Martín Silva Garretón que le permitía cobrar su dinero, la mujer no pudo retirar el dinero.
“Recurro a la justicia para que defienda mis derechos y aplique la ley con el mayor rigor posible”, señaló la denunciante, que también refirió que la situación es “arbitraria y absurda”.
La jubilada expresó en el escrito que “de mantenerse esta situación quisiera no entender que las resoluciones judiciales no se cumplen y que no tengo derechos ni leyes que me protejan”.
A reclamar a otro río
Otro es el caso de la ciudad cordobesa de Río Tercero. Los residentes en esa localidad que quieran promover una presentación para reclamar la devolución de sus depositos deberán trasladarse hasta Río Cuarto y presentar sus demandas en el fuero federal.
Tal es el caso de una mujer de esa ciudad cordobesa que tuvo que recurrir al Juzgado Federal de Río Cuarto para que intervenga en su situación particular. El juez Luis Martínez resolvió favorablemente para la depositante, ya que el 7 de enero, ordenó al Banco Río, sucursal Río Tercero, colocar en caución y en caja de seguridad los 94 mil dólares que la demandante tenía ahorrados en plazo fijo.
En la causa judicial consta que hacía poco tiempo, la ahorrista había pasado a caja de ahorro, el plazo fijo que provenía del cobro de una indemnización por pensión, debido a la muerte de su esposo. Y alegó que esos recursos tenían por destino asegurar el futuro de sus hijas menores de edad.