22 de Noviembre de 2024
Edición 7097 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/11/2024

En Bolivia no lo quieren a Canicoba

El Fiscal General de Bolivia, Oscar Crespo, se pronunció contra la detención preventiva de Hugo Bánzer por el Plan Cóndor. Ahora la Corte Suprema de aquel país deberá decidir en 20 días sobre el pedido de extradición de Canicoba Corral.

 
El Ministerio Público de Bolivia se pronunció ayer por la improcedencia de la detención preventiva del ex dictador Hugo Bánzer, y opinó sobre la cuestión de fondo, argumentando que la solicitud del juez argentino Rodolfo Canicoba Corral transgrede la Constitución de Bolivia, el Código de Procedimiento Penal y el propio Tratado de Montevideo, que rige las extradiciones entre ambos países.

El documento de la fiscalía, que fue tema de tapa de los periódicos bolivianos, alega que el proceso de extradición planteado contra el ex presidente de facto puede desarrollarse “sin necesidad de que sea sometido a privación de libertad, mucho más si es de conocimiento público que adolece de un mal irreversible”, en referencia al cáncer de hígado y pulmón que aqueja a Bánzer.

Lejos de opinar solo sobre la pertinencia de la prisión preventiva, el fiscal parece preparar el terreno para la decisión de la Corte Suprema al señalar que en el pedido argentino hay contradicciones con la normativa internacional, porque el pedido de extradición no contempla el principio de “doble imputación territorial” que –según el fiscal- es condición indispensable.

Crespo asegura además que el pedido del juez federal argentino vulnera la Constitución boliviana, y el Código de Procedimientos vigente en el vecino país donde se indica que la prisión preventiva constituye una suerte de “pena anticipada” al proceso oral, por lo cual puede sustituirse por medidas menos gravosas, como la prisión domiciliaria.

Después de recibir el dictamen fiscal, la Corte Suprema anunció que resolverá la situación de Bánzer en un plazo de 20 días, durante los cuales el ex dictador seguirá en su casa de Santa Cruz de la Sierra, ya que si intenta salir del país sería detenido a pedido de Interpol.

En tanto la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia calificó de “política” la decisión del fiscal, y adelantó que la impugnará porque “no tiene ningún fundamento legal”.

El titular del organismo de derechos humanos, Sacha Llorenty dijo al diario La Prensa de La Paz que “la decisión no fue jurídica, sino política” y expresó su esperanza de que la Corte Suprema de Justicia, apartándose del requerimiento del Fiscal General, resuelva el asunto por la procedencia tanto de la detención preventiva como de la extradición de Hugo Bánzer y advirtió que si Bolivia no lo extradita, “se expone a sanciones internacionales”.

El juez Rodolfo Canicoba Corral acreditó a través de varios testimonios, que Bolivia formó parte del Plan Cóndor, la coordinación de las dictaduras del Cono Sur, durante la presidencia de facto de Bánzer a mediados de la década del 70.



dju / dju
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