04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

A) SIN RETORNO.

 
Es el conflicto de poderes entre el Gobierno, incluido el Legislativo, con la Corte. Es una pelea desigual pero puso al descubierto las intenciones del duhaldismo y del “arismo” de Elisa Carrió de arriarse con el máximo tribunal con fallo o sin fallo por el “corralito” financiero. La decisión de apurar el juicio político -pese a los reparos que tiene Raúl Alfonsín, al fín y al cabo, a dos de esos ministros los puso él- ya estaba tomada desde el mismo momento en que Eduardo Duhalde asumió el poder en la Argentina. Prueba de ello fue la respuesta que nunca llegó del nuevo “Señor Cinco” -jefe de la Side- Carlos Soria al supremo Eduardo Moliné O´Connor, quien le habría reclamado por las supuestas operaciones encubiertas del Gobierno y le adelantó: “si paran los diputados, nosotros acompañamos a las polìticas de Estado, como lo hemos estado haciendo hasta ahora”. Pero la respuesta llegó no por boca de Soria sino por la de Carrió y del duhaldismo en la Cámara Baja de anticipar el juicio político. Como respuesta, el viernes la Corte se paró sobre la constitucionaidad de la medida de Fernando de la Rúa y Domingo Cavallo -la presión de los jueces de primera instancia se hacía insostenible al igual que los reclamos de los ahorristas- y falló de acuerdo a derecho, aunque saben que ello puede ser el inicio de la destitución de varios o todos ellos.

B) PELIGROSO. Es el camino institucional que se abre con esta pelea, de la que solo ganarán los extremos ideológicos. En el gobierno nadie parece razonar -salvo que tener su propia Corte sea parte de la estrategia de consolidar poder- que la Corte es cabeza del Poder Judicial con tanta jerarquía constitucional como los otros dos: Ejecutivo y Legislativo. Por lo tanto si su destitución que no se produce por el camino del individual juicio político a cada uno de sus miembros con cámara acusadora en base a prueba fundada y cámara juzgadora, se estaría violando la Constitución por parte de un gobierno cuya legimitdad podría ser cuestionada por haber nacido de un acuerdo legislativo y no de elecciones libres y generales. Es tanto el peligro institucional que se cierne sobre el país que el propio Duhalde ya habría recibido una advertencia del gobierno norteamericano sobre la extrema necesidad de respetar la división de poderes en la Argentina. Lo contrario sería empujar a la República a un caos sin precedentes del que solo podrían salir gananciosos sectores de la extrema izquierda o la extrema derecha militar, incluídos los carapintadas del Ejército de Mohamed Alí Seineldín.

C) PREOCUPACION. Extrema por ese cuadro de situación que puede llevar a la Nación a límites intolerables y no queridos por su sociedad. Informes de inteligencia de agosto pasado en poder de agencias americanas alertaban al Departamento de Estado sobre los ascensos y movimientos en el seno del Ejército. Ese “paper” hacía notar que a partir de setiembre y octubre último se harían cargo de unidades de combate con importante poder de fuego, mayores y tenientes coroneles cuyos padres fueron coroneles o generales del Proceso Militar. Esa oficialidad, hasta el momento respetuosa de la verticalidad en el mando, debía ser analizada desde un perfil ideológico en el que rasgo sobresaliente fue el “escrache” propio y de familiares durante 20 años por grupos políticos y un sector de la prensa amparados por un “dejar hacer” de la clase política en general que no atinó a resolver de raíz la cuestión militar. Esta cuestión es mucho más grave que la que le preocupó a Soria la semana pasada por los movimientos de algunos altos oficiales del Ejército en barrios militares.

D) ASUNTOS. De este calibre son los que verdaderamente motorizaron a los cacerolazos contra la Corte, según la interpretación que se hace en el más alto tribunal del país. No entienden, sino, como las mismas fracciones políticas de la izquierda que las atacaron porque no fallaban en contra del “corralito” salen , ahora, con Carrió a la cabeza a pedir la destitución de la Corte porque terminó defendiendo al derecho de propiedad de los ahorristas. En realidad en la Corte creen que detrás de las movilizaciones se mueven agentes interesados en frenar -ya existe un borrador en ese sentido que se le atribuye a Augusto Belluscio- que el máximo tribunal reponga la vigencia de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final derogadas por el fallo del juez Gabriel Cavallo y la Sala II de la Cámara Federal Penal, accediendo al recurso de Jorge Videla declarando “cosa juzgada” a los procesos por el secuestro de menores durante el Proceso, debido a que no se admitiría la responsabilidad mediata -caso contrario De la Rúa podría ir preso por la represión en Plaza de Mayo el 20 de diciembre pasado- y el rechazo a la jurisdicción de jueces extranjeros que quieren extraditar militares acusados de violar Derechos Humanos en la Argentina y con causas abiertas en el propio territorio.



dju / dju
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