B) PELIGROSO. Es el camino institucional que se abre con esta pelea, de la que solo ganarán los extremos ideológicos. En el gobierno nadie parece razonar -salvo que tener su propia Corte sea parte de la estrategia de consolidar poder- que la Corte es cabeza del Poder Judicial con tanta jerarquía constitucional como los otros dos: Ejecutivo y Legislativo. Por lo tanto si su destitución que no se produce por el camino del individual juicio político a cada uno de sus miembros con cámara acusadora en base a prueba fundada y cámara juzgadora, se estaría violando la Constitución por parte de un gobierno cuya legimitdad podría ser cuestionada por haber nacido de un acuerdo legislativo y no de elecciones libres y generales. Es tanto el peligro institucional que se cierne sobre el país que el propio Duhalde ya habría recibido una advertencia del gobierno norteamericano sobre la extrema necesidad de respetar la división de poderes en la Argentina. Lo contrario sería empujar a la República a un caos sin precedentes del que solo podrían salir gananciosos sectores de la extrema izquierda o la extrema derecha militar, incluídos los carapintadas del Ejército de Mohamed Alí Seineldín.
C) PREOCUPACION. Extrema por ese cuadro de situación que puede llevar a la Nación a límites intolerables y no queridos por su sociedad. Informes de inteligencia de agosto pasado en poder de agencias americanas alertaban al Departamento de Estado sobre los ascensos y movimientos en el seno del Ejército. Ese “paper” hacía notar que a partir de setiembre y octubre último se harían cargo de unidades de combate con importante poder de fuego, mayores y tenientes coroneles cuyos padres fueron coroneles o generales del Proceso Militar. Esa oficialidad, hasta el momento respetuosa de la verticalidad en el mando, debía ser analizada desde un perfil ideológico en el que rasgo sobresaliente fue el “escrache” propio y de familiares durante 20 años por grupos políticos y un sector de la prensa amparados por un “dejar hacer” de la clase política en general que no atinó a resolver de raíz la cuestión militar. Esta cuestión es mucho más grave que la que le preocupó a Soria la semana pasada por los movimientos de algunos altos oficiales del Ejército en barrios militares.
D) ASUNTOS. De este calibre son los que verdaderamente motorizaron a los cacerolazos contra la Corte, según la interpretación que se hace en el más alto tribunal del país. No entienden, sino, como las mismas fracciones políticas de la izquierda que las atacaron porque no fallaban en contra del “corralito” salen , ahora, con Carrió a la cabeza a pedir la destitución de la Corte porque terminó defendiendo al derecho de propiedad de los ahorristas. En realidad en la Corte creen que detrás de las movilizaciones se mueven agentes interesados en frenar -ya existe un borrador en ese sentido que se le atribuye a Augusto Belluscio- que el máximo tribunal reponga la vigencia de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final derogadas por el fallo del juez Gabriel Cavallo y la Sala II de la Cámara Federal Penal, accediendo al recurso de Jorge Videla declarando “cosa juzgada” a los procesos por el secuestro de menores durante el Proceso, debido a que no se admitiría la responsabilidad mediata -caso contrario De la Rúa podría ir preso por la represión en Plaza de Mayo el 20 de diciembre pasado- y el rechazo a la jurisdicción de jueces extranjeros que quieren extraditar militares acusados de violar Derechos Humanos en la Argentina y con causas abiertas en el propio territorio.