El denunciante es el abogado Mario de Almeida, quien basa su presentación en declaraciones del presidente Eduardo Duhalde en su programa de Radio Nacional, donde el sábado último aseguró –según el letrado- que “los miembros de la Corte Suprema de la Nación se habían comunicado con legisladores nacionales y ministros del Poder Ejecutivo para chantajearlos, exigiéndoles que den marcha atrás con los trámites de los juicios políticos” que se iniciaron la semana pasada en la cámara baja.
El abogado afirma que “si las amenazas (de los ministros de la Corte) existieron, tal como lo expresó el presidente de la Nación, el delito se ha cometido por aquellos jueces que inflingieron las amenazas y con total independencia del sentido que le han dado a su voto”, en referencia a la acordada que derribó el corralito.
Además, Almeida pidió que se libre oficio de Radio Nacional para obtener una copia de las declaraciones de Duhalde y otro al propio presidente “solicitándole aporte más datos sobre sus dichos y que individualice a los jueces que se comunicaron con legisladores y ministros”.
Además, el letrado reclamó que presten declaración testimonial los diputados que integran al comisión de Juicio Político.
Otro caso
Por su parte, otro abogado solicitó a la justicia penal que investigue si a partir del fallo por el cual la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del corralito bancario existió algún tipo de “chantaje entre los poderes Ejecutivo y Judicial”.
Se trata del letrado Carlos Díaz, quien en su presentación pide que se analice si ha existido una “conducta de chantaje” y si esta se produjo desde los ministros de la Corte a los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional o si la misma sucedió en forma inversa.
En ese sentido, el letrado subrayó que “lo llamativo del caso es que habiendo motivos suficientes para que los integrantes del máximo tribuna fueran sometidos a juicio político, recién ahora a partir del fallo “Smith” se motorizaron los mecanismos para ese tipo de proceso”, y remarcó que el dictamen que dejó sin efecto el decreto 1570/02 es jurídicamente inobjetable.
Además, en el pedido que recayó en el juzgado federal número cinco a cargo de Norberto Oyarbide, Díaz recalcó que dada la gravedad que acarrea la posible destitución de algunos de los nueve jueces la sociedad no se “puede desentender de las consecuencias que esto implicaría en la actual situación”.
En tanto, propuso llamar a una Convención Constituyente, donde el pueblo determine en forma libre quienes deberán ser los reemplazantes de los actuales miembros de la corte, ya que según el letrado “sí los nuevos miembros son elegidos por el presidente tan sólo duraran en sus cargos si dictan fallos funcionales al poder de turno”.