Según Monner Sans, "los grupos permanentemente ganadores son los vinculados con el petróleo". El artículo sexto de la ley 25.561 estableció, el 7 de enero pasado, un impuesto especial para la exportación de hidrocarburos.
“En medio de normas que agravan la situación popular, el incumplimiento de esa manda legal supone consciente decisión de seguir beneficiando a los poderosos en desmedro de los débiles”, señaló el letrado.
La norma necesita un decreto reglamentario, aún no dictado, por lo que el no cumplir la ley implica, según la denuncia, violación de los deberes de funcionario público, conforme el Código Penal.
El letrado consideró que la declaración indagatoria del presidente Eduardo Duhalde permitiría avanzar en la investigación que está exigiendo en la presentación. “No conozco que legisladores nacionales hayan requerido el cumplimiento de tan fundamental y reciente norma”, ironizó.
Por otra parte, enfatizó que a partir de la creación del Fondo de Garantía de los Depósitos (FGD) se constituyó la sociedad SEDESA. Con base en dicha norma, no derogada, la entidad “tuvo que haber cubierto la devolución de los depósitos a la vista o a plazo fijo constituidos a menos de noventa días hasta la suma de diez mil pesos o de los depósitos a plazo fijo constituidos a noventa días o más días, hasta la suma de 20 mil pesos” a todos los ahorristas que con su dinero permitieron la creación de la sociedad.
El abogado imputó del delito de “administración fraudulenta” a SEDESA, ya que “debió pagar y subrogarse" y no lo hizo. En ese sentido, consideró que es “urgentemente realizable” una investigación, “ya que a esa entidad la revista el Banco Central”, para así descubrir el destino de los fondos.
Asimismo, el letrado solicitó el testimonio de los responsables de la sociedad en los últimos cinco años, como así también las pericias contables que abarcarán “la revisibilidad y la auditoría de dicha entidad y de todos los bancos que han debido aportar fondos para el sistema creado por el decreto 540/95”.
Por último, el abogado cuestionó al decreto de necesidad y urgencia 214 del 3 de febrero último ya que licuó el pasivo de las empresas de mayor concentración y poder económicos”.
Según la presentación, con la investigación se va a advertir “la cuestión de la dádiva desde el posible tráfico de influencias respecto de los funcionarios públicos y la actitud de ellos frente a dichas penalizables conductas”.