04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Ojo por ojo

Cansados de recibir acciones de repudio, algunos concejales mendocinos presentaron una denuncia penal contra el pueblo de General San Martín con el argumento de haber padecido privación ilegítima de la libertad y amenazas.

 
“No se puede trabajar bajo presión”, se quejaron algunos de los concejales al referirse a la manifestación popular contra el Concejo a principios de enero. Añadieron que se trata de “salvar a las instituciones públicas”, evidentemente molestos por los cacerolazos y por los reclamos de esos que deberían ser sus mandantes, pero que paradójicamente, ahora se convierten en demandados.

La denuncia fue radicada en los primeros días de febrero en la primera Fiscalía de Instrucción pero la causa ahora se encuentra en el segundo Juzgado de Instrucción a cargo de Dalton Martínez.

Entre los fundamentos de la denuncia de los “afectados”, se incluyeron , según el diario Los Andes de Mendoza, las dificultades para salir del edificio del Concejo. Además, aseguraron que cuando se produjo la pueblada encontraron obstaculizado su libre acceso a las instalaciones sanitarias.

Así interpretaron los concejales Juan Domingo Chirino (PJ), Rómulo Leonardi (PD), Josefina Abdala (Alianza), Silvia De Cara (PD) la pueblada de San Martín de principios de enero que les exigió la disminución de sus dietas de 1.400 pesos a 500, además de una reducción de la planta de asesores. Estos ediles, entre otros, presentaron la demanda penal contra los manifestantes

Hasta ahora la denuncia sería muy generalizada, dado que al no precisarse abarca algo así como el pueblo de San Martín en su conjunto. Los demandantes serían patrocinados por el presidente del bloque Demócrata, Jaime Icart.

Según había explicado la titular del Concejo, Silvia De Cara, la ordenanza de la disminución de las dietas fue sancionada en período extraordinario, y por tanto, sería nula. En consecuencia las dietas quedarían en su valor anterior, es decir, unos $1.400 de bolsillo. Además, reincorporarían a los asesores que habían quedado cesantes.



dju / dju
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