Los fiscales Guillermo Marijuán y Oscar Amirante le pidieron al juez Claudio Bonadío que cite a la ex funcionaria que el 30 de noviembre del año pasado precanceló un plazo fijo de 315.000 dólares, fuera del horario bancario y a pocos minutos de la entrada en vigor del corralito financiero.
De esta forma, el Ministerio Público adhirió a los términos de la denuncia impulsada por el director de la Oficina Anticorrupción (OA), Manuel Garrido, quien se basó en los artículos periodísticos que dieron cuenta del hecho los primeros días de esta semana, que precipitaron la renuncia de Almada.
En la denuncia de la OA, a la que tuvo acceso Diariojudicial.com, se pide la investigación judicial de la funcionaria por los “posibles delitos de acción pública” que haya cometido en su accionar, y apunta además a establecer de quién recibió el dato preciso a minutos del anuncio oficial del corralito.
Garrido afirma que es “más que evidente” que la ahora ex funcionaria “contó con un dato o información a la que habría tenido acceso en virtud de su cargo y sus conexiones al más alto nivel de gobierno”. La OA insiste en que la información “no podía sino provenir de alguno de los despachos oficiales encargados de su confección o bien del más alto nivel de decisión”.
En este sentido, Garrido advierte sobre “los múltiples contactos que habría tenido Almada, los que se describen con lujo de detalle en los medios periodísticos que recogieron la noticia”. Así, Garrido hace alusión a los presuntos vínculos estrechos de la ex directora con la familia De la Rúa.
Por eso, la Oficina Anticorrupción propugna investigar no solamente a Almada, sino a otros funcionarios que puedan haberle acercado la información clave en el momento justo. Para la OA, toda la movida se inscribe en los posibles delitos de violación de secreto, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de información de carácter reservado, contemplados en los artículos 157, 248 y 568 inc. 1 del Código Procesal Penal.
En su denuncia, Garrido advierte además que la actitud de Almada y sus “socios” aún en penumbras “viola la ley de Ética en la Función Pública” que en su artículo 2 advierte a los funcionarios que deben “abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados”.
Además, la OA solicita varias medidas de prueba, entre ellas la identificación de los teléfonos particulares, laborales y celulares que podía utilizar Almada, para analizar los llamados recibidos y cursados los días “28, 29 y 30 de noviembre”.
Fuentes de la fiscalía consultadas por Diariojudicial.com advirtieron que es “muy importante” el análisis de los contactos telefónicos de Almada y advirtieron que “puede haber otras cancelaciones irregulares de plazos fijos”.
Ahora el juez Bonadío deberá decidir sobre el pedido fiscal y mañana escuchará el testimonio de Roberto Feletti, presidente del Banco Ciudad. Feletti, junto al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, “renunciaron” a Almada el martes, luego que la mujer devolviera el plazo fijo, en un intento desesperado de calmar las aguas.