Para los fiscales, “hubo una intención del comisario inspector Oliverio de salir esa tarde a matar gente que estaba en la zona de manifestaciones populares” y contó para ello “con la promesa anterior” de los efectivos que lo acompañaban “para no prestar el auxilio a la gente que lo necesitara ni denunciar los abusos que se cometerían”.
Sin embargo, Oliverio no sólo sería el hombre que dio la orden para que este grupo terrorífico ganara las calles, sino que –según los fiscales- tendría responsabilidad material sobre la muerte de Alberto Márquez, una de las cinco victimas fatales que dejó aquella negra jornada en el centro porteño. Muy cerca de Márquez, cayó herido de gravedad Martín Galli.
A pesar del secreto de sumario, Diariojudicial.com pudo saber que en el escrito presentado por los fiscales a la juez Servini se indica que en un video “se observa claramente” al comisario Oliverio “efectuar dos disparos de escopeta calibre 12/70” e indican que por el fogonazo registrado en la filmación se observa que los disparos fueron hechos “con cartuchos de propósito general”. Este es el nombre que reciben los cartuchos de escopeta que contienen perdigones de acero 8,5 milímetros, como los encontrados en el cuerpo de Márquez, mientras Galli aún tiene uno de esos proyectiles alojado detrás del cráneo.
Por eso, para Evers y Comparatore, Oliverio debe ser procesado por “homicidio simple en concurso real con lesiones graves, en calidad de autor” y los otros cinco policías como “participes secundarios”. Los fiscales afirman que cada uno de los seis detenidos estaban “a cargo de un móvil policial no identificable” de la División Asuntos Internos.
Además, Evers y Comparatore indican que la responsabilidad de Oliverio y sus dirigidos está “demostrada por diversos elementos de prueba”, entre ellos una decena de declaraciones testimoniales de personas que vieron el accionar del grupo y la muerte de Márquez en avenida 9 de Julio y Sarmiento, un lugar que –destacan los fiscales- “estaba tranquilo” y sin presencia de policías de uniforme. “Los destrozos en la zona fueron posteriores y producto justamente de la matanza indiscriminada”, afirman.
Pero la investigación hacia dentro de Asuntos Internos no se detiene allí. En la misma presentación, los fiscales piden la captura de una docena de efectivos de la misma división, que “estaban en los móviles” no identificados conducidos por los seis que ya están detenidos. De los doce, tres ya prestaron declaración como testigos y ahora –si se acepta el requerimiento del ministerio público- deberán volver al edificio de Comodoro Py como sospechosos.
Por otro lado, fuentes del juzgado federal 1 indicaron que la juez Servini se dispone a analizar “caso por caso” la situación de los seis detenidos porque “podría haber diferentes responsabilidades”.
De cualquier forma, el nuevo pedido fiscal denota que se consolida la hipótesis de la participación concreta de la División Asuntos Internos de la Policía Federal dirigida a producir muertes. Fuentes de la investigación confiaron a este diario que esta línea de trabajo tiene puntos de contacto con las declaraciones indagatorias que brindó el detenido ex jefe de la fuerza, el comisario Rubén Santos, quien aseguró ante la juez que hubo un “complot” para alejarlo de la conducción.
Ayer declararon como testigos dos ex jefes policiales, Adrián Pelacchi y Antonio Di Vietri. Si bien trascendió que la juez Servini quería interrogarlos sobre “especificidades del manejo de la fuerza de policial”, la verdadera causa bien podría ser la denuncia de Santos.
Por otro lado, trascendió que a partir de la semana próxima se profundizará la investigación sobre las otras muertes que se produjeron el sector de la avenida 9 de Julio que va del avenida de Mayo hasta el obelisco. La semana próxima declarará un testigo que vio el momento en que mataron a Carlos Almirón, un joven de 23 años que militaba en organizaciones barriales de la zona sur del Gran Buenos Aires.