El dictamen elaborado por los integrantes de la comisión que preside el consejero académico Humberto Quiroga Lavié, sería tratado cuando se celebre el próximo plenario del cuerpo el 13 de marzo.
En dicho encuentro los miembros del Consejo de la Magistratura someterán a votación el proyecto y en esa ocasión deberán aprobarlo o rechazarlo. De resolver el tema en forma favorable el mecanismo tendrá implementación inmediata luego de su publicación en el Boletín Oficial.
El reglamento prevé que cualquier ciudadano pueda iniciar el trámite de remoción de un integrante del cuerpo por causales de mal desempeño o comisión de algún delito, a través de una denuncia que siempre deberá estar acompañada de las correspondientes pruebas.
Una vez admitida la denuncia contra alguno de los consejeros, se dispondrá un periodo de prueba de cuarenta días, que se podrá prorrogar por una sola vez. Si la denuncia contra el miembro del cuerpo llegará a contener “supuestos de manifiesta gravedad institucional se podrá llegar a disponer la suspensión del consejero con el voto de las dos terceras partes de los integrantes del cuerpo”.
La remoción los denunciados sólo se podrá instrumentar a partir de la convocatoria de un plenario extraordinario, convocado a tal efecto, y se hará efectivo con el voto de las tres cuartas partes de los miembros del órgano.