De esta forma las pericas que solicitó Daniel Barragán, se enmarcan dentro de lo que dispuso el magistrado el último miércoles cuando las distintas partes de la investigación no se pusieron de acuerdo en una audiencia en su juzgado a la cual asistieron cerca de 100 vecinos que desbordaron la capacidad de la sala.
En esa oportunidad, Treacy ordenó que las distintas partes que figuran en el expediente debían acercar en el término de dos días los puntos de pericias que querían para que luego de ese trámite se designara un perito de oficio para que cumpliera con las mismas.
El juez tomó la decisión de los nuevos peritajes ya que los abogados del Gobierno de la Ciudad negaron los estudios que realizó la Dirección de Control Ambiental.
Con la pericia otorrinolaringológica, la parte demandante, intenta demostrar que niveles de ruido debe soportar diariamente de la AU1 y de que forma los mismos perturban a diario su audición.
Por su parte, el estudio psiquiátrico, según se explicó, se solicitó a fin de “justipreciar las repercusiones del ruido ambiental sobre la salud del reclamante”. El mismo deberá ser realizado por un perito médico psiquiatra, quien a su vez tendrá que complementar sus diagnóstico con la asistencia de un psicólogo.
En tanto, el pedido de medición de “niveles de presión sonora” se solicitó a fin de determinar en condiciones reales los niveles de ruido a los cuales está expuesto Barragán.
Normalmente las mediciones de nivel sonoro se efectúan a fin de considerar la molestia provocada por la fuente. Para ello se mide el nivel sonoro en la vivienda del afectado, tomando la premisa de no generar ningún ruido dentro de la misma. Se obtiene así el nivel sonoro de la fuente dentro de la vivienda. Comprobada la molestia, se pretende determinar si los niveles sonoros en la vivienda del afectado es causal de hipoacusia inducida por ruido.
Por su parte, las fundaciones Ciudad y Metropolitana, quienes también forman parte de la parte demandante, requirieron idénticos puntos de pericia, ofreciendo además una nómina de vecinos que habitan diferentes barrios de la ciudad lindantes con la Autopista para que se lleven a cabo las pericias solicitadas.
En su demanda, presentada en agosto de 2001, Barragán reclamó tanto el Gobierno de la Ciudad como a la empresa, concesionaria de la AU1, que se instruyeran las medidas necesarias para reducir los “altos niveles de ruido” que se producían en la autovía.
En la misma, sostuvo que las viviendas que se encuentran cerca de la AU1, pierden diariamente su valor y se torna imposible venderlas, y remarcó que este hecho les genera a los propietarios de las mismas sendos “perjuicios económicos”, sin contar los daños psíquicos y auditivos que padecen.
Respecto de los niveles de ruido, manifestó que por su cuenta realizó estudios que le dieron como resultado cifras que superaban en un 50 por ciento los límites que prevé la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Asimismo, comentó que realizó la presentación avalado por la Dirección de Control Ambiental del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los que según Barragán “fueron negados por la legislatura”.
Meses después, la Defensora del Pueblo porteña, Alicia Oliveira, elaboró un dictamen en donde recomendaba que la empresa AUSA incorporara pantallas acústicas para reducir los niveles de ruido que se emanaban de la misma.
Sin embargo, según Barragán los dichos de la defensora fueron desatendidos por la empresa, ante lo cual decidió interponer la demanda con el asesoramiento jurídico del Programa Control Ciudadano del Medio Ambiente.