La denuncia, presentada por el letrado Eduardo Barcesat, se basa en que Duhalde, Remes Lenicov y otros funcionarios contrataron a una consultora y dos estudios jurídicos de los Estados Unidos para que los mismos trabajen en el tema de la deuda externa de nuestro país.
En ese sentido, el letrado solicitó que se investigue con qué autorización se celebraron dichos contratos, lo que según refirió “fueron aprobados por un decreto reservado del Poder Ejecutivo Nacional”.
Asimismo, apuntó que se debe averiguar “con qué partida presupuestaria” se afrontaran los distintos compromisos de pago de honorarios y gastos y alertó que “el obrar sin facultamiento previo configura una defraudación al patrimonio público del Estado Nacional”.
La presentación, que recayó en el juzgado federal en lo criminal y correccional a cargo de Sergio Torres, tomó como punto de partida distintas publicaciones e informes que detallan que el ministro Remes Lenicov firmó contratos con la consultora Zemi (cuyo reconocido “Chairman” es Henry Kissinger) y los estudios jurídicos Braker, Donelson, Beraman & Caldwell y Covington & Bruling.
En el texto, de cerca de siete carrillas, el abogado calificó de “repugnante” que para representar al país ante organismos internacionales se contrate a Kissinger, una persona responsable del “genocidio y del terrorismo de estado”.
Al respecto recordó que el ex Secretario de Estado de los EE.UU “fue requerido varias veces por su presunta responsabilidad en la elaboración e imposición del Plan Condor”, plan que reprimió con dureza a los opositores a los regímenes militares durante la década del 70 en América del Sur.
“Todos los habitantes de la nación tenemos derechos a no ser representados, en un tema tan crucial para todos los argentinos como es el futuro de la deuda externa, por quien guarda complicidad con crímenes de lesa humanidad, hechos atroces y aberrantes que hieren la conciencia jurídica y moral en la dimensión del universal”, concluye el denunciante.