17 de Julio de 2024
Edicion 7007 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 18/07/2024

Fatala acusador

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires denunció a varios ex intendentes y al anterior jefe de gobierno, Fernando De la Rúa, por presuntos pagos irregulares a la concesionaria de la autopista Illia.

 
La administración Ibarra salió a jugar fuerte contra varios ex intendentes comunales y a través del secretario de Obras y Servicios Público Abel Fatala los denunció por haber pagado, presuntamente en forma irregular, más de 400 millones de dólares a la empresa Covimet S.A. por obras que no se realizaron.

Fatala, que fue acompañado en Tribunales por José Luis Calvo, subsecretario administrativo de la secretaría de Obras y Servicios Públicos, las irregularidades involucran “a todos los intendentes y jefes de gobierno a excepción del doctor (Enrique) Olivera y de Facundo Suárez Lastra”, desde Osvaldo Cacciatore hasta Fernando De la Rúa.

El contrato denunciado arranca en 1981, cuando el entonces intendente Cacciatore firma un contrato de concesión de obra pública para la “construcción, terminación, explotación y mantenimiento” de una autopista que uniría la avenida 9 de julio con la Lugones y ésta con la avenida General Paz y por el sur, hasta el Riachuelo.

Después, en 1985, el entonces intendente Julio César Saguier objeta la obra por considerarla de “dudosa utilidad”. Esta marcha atrás da origen a millonarios pagos por “gastos improductivos” y –según los denunciantes- a una sobrevaluación del tramo que sí se realizó, entre Constitución y Avellaneda.

En su escrito, Fatala concluye que –en total- la empresa Coviares recibió entre marzo del 89 y diciembre de 2001 un total de 218 millones de dólares, que sumados a lo pagado por el tramo sur alcanza los 440 millones. Para el funcionario, esto representa un gasto “diez veces superior al real”, si se lo compara con lo gastado en la construcción de la autopista AU7, de 3,5 kilómetros, inaugurada por esta administración

“Venimos a hacer esta denuncia con la idea que haya una investigación judicial y poner a disposición, tal como ha sido manifestado por el jefe de la gobierno de la Ciudad de Buenos Aires todos los elementos que tenemos para que la justicia lleve adelante la investigación”, remarcó Fatala en diálogo con Diariojudicial.com.

“Es una denuncia penal porque se ha cometido un delito que nos parece muy, muy grave” –remarcó el funcionario- “porque en algo que no podía haber excedido los 120 o 130 millones de pesos la ciudad lleva invertidos 440 y todavía no se han concretado las obras”, concluyó y remarcó que “es probable” que por estas falencias “se anule”, la concesión con la empresa, que actualmente cobra un peso por el tramo que va de la 9 de Julio hasta Sarmiento y Lugones.



dju / dju
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