El fallo del alto tribunal provincial resolvió un conflicto de poderes a favor de los diputados de la Alianza, Raúl Radonich y Mirta Domene, y del socialista Eduardo Correa y dispuso cinco días hábiles para que Manganaro remita los datos solicitados por los legisladores.
El tribunal, integrado por Arturo González Taboada, Marcelo Otharán y los vocales subrogantes Alejandro Gavernet, Jorge Sommariva y Cecilia Luzuriaga de Valdecantos, dirimió en forma unánime el conflicto a favor de los denunciantes y ordenó al presidente del BPN y de la fundación a suministrar los informes requeridos en abril del año último. Los diputados acudieron a la justicia luego de no obtener respuestas a dos pedidos de informes que fueron enviados a Manganaro, uno el 11 de abril de 2001 y otro doce días después.
El 11 de abril, los tres legisladores de la oposición habían solicitado al presidente de la fundación del BPN los balances de los tres últimos ejercicios, los presupuestos de 2000 y 2001 y el listado de la planta de personal, permanente y contratada, con discriminación de funciones. También requerían una síntesis de los proyectos a desarrollar por la fundación en el 2001 y el monto ejecutado en publicidad en los últimos tres años.
Como Manganaro no respondió los pedidos de informes, los legisladores de la oposición fueron al TSJ a plantear un conflicto de poderes, con el patrocinio de los abogados Carlos Caballero y Roberto Luján López.