A diferencia de su declaración anterior, donde habló a la largo de una jornada completa, esta vez Santos prefirió no declarar, y sólo permaneció en el despacho del secretario federal Fernando Moras Mon por espacio de media hora. El ex jefe policial llegó en el mismo automovil que trasladó al ex ministro de Economía Domingo Cavallo, quien fue convocado a prestar declaración testimonial por el juez Norberto Oyarbide, a cargo de la investigación de un presunto complot para derrocar a Fernando de la Rúa.
En tanto, Servini de Cubría postergó para el lunes a las 11,30 la ampliación de la indagatoria del ex Secretario de Seguridad Interior Enrique Mathov, convocado por los mismos motivos que Santos.
El lunes último la Cámara Federal resolvió devolverle las actuaciones a Servini de Cubría para que resuelva la situación de Santos y Mathov, ya que ambos habían sido indagados en relación con los heridos y las muertes producidas el 20 de diciembre, durante la sangrienta represión que se desató en el centro porteño.
En su primera declaración, la juez le atribuyó a Mathov el “haber impartido órdenes, en su carácter de Secretario de Seguridad del Gobierno del ex Presidente Fernando De la Rúa, dirigidas a la jefatura de la Policía Federal Argentina, relativas al control del orden público durante los eventos de concentración de personas que tuvieran lugar los dìas 19 y 20 de diciembre de 2001 en el área en que se ubican el Congreso de la Nación, Casa de Gobierno y sus vías de comunicación; resultaron del cumplimiento de las mismas una represión en principio abusiva por parte del personal de seguridad de la fuerza aludida, que determinara lesiones en distintas personas y el fallecimiento de quienes en vida fueran Diego Lamagna, Marcelo Rivas, Carlos Almirón, Alberto Márquez y Gustavo Ariel Benedetto".
La Sala Primera de la Cámara Federal detectó, al analizar el expediente con motivo de las apelaciones, que “el pronunciamiento que se encuentra a estudio de este tribunal no evalúa ni decide la situación procesal de los imputados frente a tales sucesos”, por lo que requirió que “con celeridad”, la juez de grado “deberá pronunciarse con respecto de tales hechos”.