Para la abogada, que representa a la familia de Carlos Almirón, una de las víctimas fatales, “se intenta cortar las cadenas de mando del aparato represivo del Estado” en Santos, sin seguir hacia las responsabilidades políticas.
De esta forma, Verdú analizó la resolución de la juez Servini conocida el viernes a última hora, donde dispuso –además de las imputaciones a Santos- la falta de mérito del ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov, con respecto a las muertes y los heridos graves y leves.
En los fundamentos para agravar la situación de Santos, Servini aseguró que el ex jefe policial “impartió un conjunto de directivas impropias e inoportunas” que generaron “el descontrol de la fuerza a su cargo”.
Servini le amplió el procesamiento con prisión preventiva por homicidio simple (en 5 casos), en concurso con los delitos de lesiones graves (en 6 hechos) y lesiones leves (7 hechos). Además, trabó embargo por una suma de 8 millones de pesos sobre los bienes del ex jefe policial.
“No estamos defendiendo a Santos –aclaró la abogada- lo queremos preso, pero bien preso”, remarcó, y aclaró que esto no debe suceder “a través de un dibujo pseudo-jurídico que lo señale como el único responsable”. Según Verdú, de la resolución “se desprende que no hay responsables para arriba y que hubo un exceso individual para abajo, lo que no se contacta con la realidad”, aseguró la letrada.
Además, Verdú adelantó que apelará la medida “apenas se notifique”, porque aseguró que “los periodistas se enteran antes que las partes”.
El viernes, en una resolución de 53 carillas, la juez María Servini de Cubría resolvió varios puntos pendientes en la causa por la represión del 20 de diciembre. Además, de complicar aún más a Santos, alivió la situación del ex presidente Fernando De la Rúa; el ex ministro del Interior, Ramón Mestre y el ex secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov.
Sobre Mathov, Servini dijo que “nunca tuvo bajo su cargo la dirección operacional de la fuerza policial”. Igual, seguirá detenido por orden de Servini por haber omitido informar sobre las detenciones que se produjeron en la plaza.
En cuanto a de De la Rúa y Mestre, la juez dispuso la falta de mérito en torno a la responsabilidad de ambos por las detenciones que realizó la fuerza policial, aunque aclaró que la resolución fue tomada porque se encuentran “pendientes” varias medidas de prueba, con las que se intentará establecer la veracidad de los dichos de De la Rúa y Mestre en sus declaraciones indagatorias.
Por eso, la juez ordenó la declaración indagatoria de Virgilio Loiácono, ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia, para que aclare si informó sobre la situación de los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo.
Hasta ahora, Loiácono se desempeñaba como abogado de De la Rúa en la causa, por lo que Servini dispuso la separación del letrado de la defensa del ex presidente. La declaración de Loiácono esta prevista para el 29 de mayo, a las 13.00 hs.
Entre las medidas de prueba ordenadas por la juez, figura además un pedido a la Casa Militar de la Presidencia para saber a qué hora exactamente se retiró el entonces recién renunciado presidente De la Rúa de la Casa Rosada, en el anochecer del 20 de diciembre y por qué medio abandonó el lugar.