Abarcando un amplio espectro ideológico, los abogados Juan Esteban Aberg Cobo (ex defensor del general de división Genaro Díaz Besone) , Ricardo Monner Sans y Miguel Angel Pierri, efectuaron distintas presentaciones ante los juzgados federales a cargo de Rodolfo Canicoba Corral y Sergio Torres, ante quienes reclamaron que se investigue a los integrantes del PEN, con Eduardo Duhalde a la cabeza, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, subversión económica, abuso de autoridad, defraudación a la administración pública y malversación de caudales públicos entre otros.
En su presentación ante el juez Canicoba Corral, Aberg Cobo cuestionó el decreto 3571 del viernes último, por el cual el Ejecutivo dispuso el feriado bancario y cambiario, al entender que ese acto constituye el delito de “usurpación de autoridad”.
En ese sentido, el denunciante sostuvo que para el caso en cuestión “se observa claramente que tanto el Presidente de la República, el Jefe de Gabinete de Ministros, el resto de sus colegas que integran el gabinete Nacional, y el Presidente y el Directorio del BCRA no sólo han actuado de manera maliciosa (elemento esencial para la figura general) sino también in fraudem legis “.
“Ello es así –sostiene—toda vez que a nuestro entender bajo la excusa de situaciones de emergencia, de volatilidad de los mercados financieros, de caída de los depósitos, de suba de tasas, de asignarle responsabilidad a los jueces debido al dictado de medidas cautelares que ordenan a los bancos devolver el dinero incautado por el corralito financiero a los ahorristas, el Poder Ejecutivo Nacional, con esa excusa pueril, ha dictado una norma jurídica de neto contenido tributario, cuya sanción compete exclusivamente al Honorable Congreso de la Nación”.
Aberg Cobo denunció la “existencia de malicia” por parte del gobierno y las autoridades del BCRA que radicaría en el hecho que “conocían y eran conscientes desde que asumieron el poder que existían fondos buitres, que caían los depósitos bancarios, que subían las tasas de interés, eventos que pusieron en peligro la intangibilidad de los depósitos”.
Por último, pidió que se investigue a los funcionarios por la presunta comisión de delitos tales como genocidio, traición a la patria, defraudación a las administración pública y retención indebida”.
Por su parte, Monner San denunció ante Torres un presunto “acto de intimidación” por parte del Ejecutivo contra el Congreso de la Nación para exigirle a los legisladores “la ejecución de un acto propio de sus funciones”.
Monner Sans denunció que según pudo saber a través de “fuentes confiables” el viernes por la mañana “se venía un feriado sin límite porque los Bancos –los que no trajeron al país lo que del país sacaron—se habían abroquelado para exigir al poder político un feriado sin límites para bonexizar el sistema. Los bancos se sacaban el pasivo, se lo transferían al Estado Nacional, pero para ellos era necesario no incurrir en desobediencia judicial ni en apresamiento de aquellos directivos realmente responsables”.
“El armado del plan consistía, en el mediodía del viernes 19, en decretar feriado bancario y cambiario total , para intimidar al Congreso de la Nación Argentina para aprobar una determinada norma exigida por los responsables de la actual situación”.
Asimismo, requirió ampliar la investigación a delitos comprendidos en la ley de subversión económica (20 840).
Pierri, por su parte efectuó una presentación cuyo alcance está apuntado contra el nuevo plan Bonex, en la misma línea de las investigaciones llevadas a cabo por el juez de instrucción Mariano Bergés.