La causa se inició el año pasado a raíz de una denuncia que efectuó la Federación Argentina de Cámaras Farmacéuticas (FACAF) y que fue impulsada por el fiscal Eamon Mullen. La FACAF había sido una de las preadjudicatarias en el concurso para la distribución y aplicación de la vacuna antigripal y alegó en la demanda que su competidora, la FASA, había accedido a los detalles de la contratación 60 días antes, lo que ocasionó una "desigualdad" entre ambas.
La investigación dio como resultado que los funcionarios que asumieron la intervención del PAMI en el comienzo del gobierno de Fernando de la Rúa no favorecieron a Farmacéuticos Argentinos SA (FASA) en el concurso.
El titular de la FACF, Carlos Rolleri, había insistido en que la sociedad anónima Farmacéutica Argentina obtuvo el contrato para brindar ese servicio porque la licitación fue direccionada y que se logró dicha aprobación por obra de los miembros del triunvirato que comandaba el PAMI.
Sin embargo, cuando Felgueras declaró ante Bonadío negó que en dichas licitaciones se haya beneficiado a alguna empresa, y recalcó que todas las contrataciones que se hicieron cuando estaba al frente de ese organismo “siempre fueron limpias y en el marco de la legalidad”. También resaltó que “la campaña de vacunación del año 2000 representó un ahorro de más del 50 por ciento respecto del año anterior”.