Felgueras, quien estuvo con el magistrado por casi una hora, negó que en dichas licitaciones se haya beneficiado a alguna empresa, y recalcó que todas las contrataciones que se hicieron cuando estaba al frente de ese organismo “siempre fueron limpias y en el marco de la legalidad”.
Según informaron fuentes judiciales, la funcionaria, que estuvo acompañada por su abogado Miguel Almeira, presentó para ejercer su descargo un escrito en donde resalta que “la campaña de vacunación del año 2000 representó un ahorro de más del 50 por ciento respecto del año anterior”.
En el documento, de cuatro carillas, se resalta que en el año 1999 “el costo de distribución y aplicación por cada vacuna era de dos pesos, y que la cantidad adquirida fue de 2.163.066, lo que generó un costo de total de $ 4.326.132” a la obra social de los jubilados y pensionados, y remarca que, en cambio, en la campaña del año siguiente se pagó en “concepto de aplicación y distribución 0,875 pesos por dosis, se adquirió 1.745.121 de vacunas y se gastaron $ 1.573.000”.
Asimismo, se puntualiza que “el servicio de vacunación se prestó debidamente y con el éxito esperado de un 97.23 por ciento”, y subraya que el mismo se llevó a cabo en todo el país, y que los sobrantes de dosis distribuidas están entre “las magnitudes normales”.
El escrito incluye un cuadro comparativo entre la gestiones de Felgueras y las anteriores respecto de las contrataciones de los servicios de vacunación, donde se resalta que las direcciones que la antecedieron en la conducción del PAMI registraron “un aumento progresivo del número de dosis con cobertura a personas no afiliadas a la obra social”; que hubo pagos “por un servicio que se daba parcialmente, diversidad en la implementación de la campaña y carencia de controles por parte del instituto”.
De esta forma, Felgueras cumplió el mismo acto procesal que habían realizado los otros dos miembros del triunvirato que estuvo al frente del PAMI en el momento en el que se llevó a cabo la licitación, es decir, el actual director de la Dirección General Impositiva(DGI), Horacio Rodríguez Larreta, y Angel Tonietto.
La causa comenzó en abril del 2000 cuando la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACF) denunció que los ex interventores favorecieron a una de las entidades que intervinieron en las licitaciones para la distribución y la aplicación de vacunas antigripales.
En ese momento, el titular de la FACF, Carlos Rolleri, afirmó que la sociedad anónima Farmacéutica Argentina obtuvo el contrato para brindar ese servicio porque la licitación fue direccionada y que se logró dicha aprobación por obra de los miembros del triunvirato que comandaba el PAMI.
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