Wechsler entendió que lo resuelto por la Sala III “trae aparejada una cuestión de gravedad institucional en el que se encuentran comprometidos importantes organismos estatales –Dirección General de Aduanas- que no puede quedar impune ante el intempestivo y sorpresivo resolutorio que oportunamente se atacó y que esta nueva negativa a continuar, concluye resolviendo el proceso de manera total y absoluta y respecto de todos los imputados cerrando toda posibilidad de continuar la investigación”.
Los jueces Eduardo Riggi, Guillermo Tragant y Gustavo Mitchell decidieron el sobreseimiento total de los directivos Carlos Ignacio Cuesta, Alfredo Ernesto Marengui, Iván Santos de Nadai, Jorge Alberto Blanco Villegas, Luis Da Costa, Miguel Angel Pucci, Armando Amasanti, Domenico Giuseppe Giovanni Ferraris, Paolo Rucci y Sergio Provera, además de los Macri, por considerar que no hubo motivos para iniciar una acción procesal.
Sin embargo, durante la investigación -según el fiscal-, se dio por acreditado que la empresa Sevel Argentina realizaba exportaciones con carácter definitivo de kits completos integrados con componentes (partes y piezas de vehículos) argentinos que incluían grupos motopropulsores del mismo origen, para el ensamblaje definitivo de vehículos especiales correspondientes a series de baja producción (derivados de series mayores fabricadas en Argentina) en la República Oriental del Uruguay. Estas operaciones de exportación estuvieron incentivadas mediante el sistema de reembolso de los impuestos internos, beneficios que fueron percibidos por la empresa.
Las empresas que producían y ensamblaban las unidades en el Uruguay (con mano de obra y componentes uruguayos y de otros países) eran Sevel Uruguay SA y Drago SA. Una vez ensamblados los vehículos, algunos se vendían dentro del territorio uruguayo, otros se exportaban a terceros países y la gran mayoría eran enviados a la Argentina para su venta al público. Dicha operación también se documentaba como definitiva para consumo y no pagaba impuestos internos, toda vez que los autos eran tratados como producto argentino. Según la fiscalía, los beneficios obtenidos por el cobro de reintegros y el no pago de multas y aranceles superarían "los siete millones de pesos".